"La LOMLOE es una buena ley y va a permitir que nuestro país avance en materia educativa"

En enero de 2021 entró en vigor la LOMLOE, ¿qué balance haces de lo que llevamos implantado? 

La nueva Ley de Educación va a igualarnos a muchos de los países europeos con los que nos comparamos a la hora de analizar los resultados académicos. En pleno siglo XXI no podemos seguir enseñando al alumnado de la misma manera que nos enseñaron a nosotros o a nuestros padres. De ahí que hayamos incidido tanto para ir a una educación en competencias que dé a los alumnos la capacidad de entender y de adaptarse en un mundo de cambios constantes y cada vez más acelerados. Trabajamos en competencias para que el alumnado no solo sea capaz de acumular datos, sino de aprender a conectarlos. Esto supone aplicar conocimientos, desenvolverse en situaciones determinadas, resolver problemas, gestionar las emociones… El creador del Informe PISA, Andreas Schleicher, dice: “La educación consiste en preparar a los estudiantes para su futuro, no para nuestro pasado”. 

Y todo esto requiere más esfuerzo por parte del alumno que el simple hecho de memorizar un dato y reproducirlo. Pero también requiere de un mayor esfuerzo del sistema para poner a su alcance los medios que le permitan desarrollar todas esas capacidades. 

¿Cuál está siendo el ‘feedback’ de la comunidad educativa? 

Está siendo bueno porque muchos docentes ya aplicaban ese sistema. Cuando realizo visitas a centros escolares se me acercan profesoras y profesores para decirme que es la clave para obtener mejores resultados para los chicos y chicas y que ya era el momento de oficializar algo que muchos estaban realizando en el día a día de las aulas. 

Este curso escolar comienza se hacen efectivas las modificaciones introducidas en currículo, organización y objetivo de los cursos impares. ¿Qué espera de este año escolar? 

Desde el Ministerio somos conscientes del trabajo y el esfuerzo que realizan nuestros docentes. Es un trabajo fundamental para nuestro país y sé que muchas veces se encuentran cansados y que nos piden a la clase política consenso y acuerdos en un tema tan sensible como el de la educación. 

Este curso escolar será de nuevo un éxito y será gracias a ellos y al personal que cada día hace que nuestros centros educativos funcionen, acojan y eduquen a miles de niños, niñas y jóvenes. Para el Gobierno de España es un orgullo contar con su profesionalidad y su dedicación. Lo han mostrado en lo peor de la pandemia y lo siguen haciendo. No tengo dudas de que con la aplicación de la Ley ocurrirá lo mismo. 

Esta ley pone especial hincapié en garantizar la educación inclusiva, ¿qué pasos se están dando para que esta inclusión sea una realidad? 

Estamos desarrollando diversas iniciativas. Por un lado, con el Programa de Cooperación Territorial Inclusiva, que tiene como finalidad incrementar la provisión de recursos especializados que atienden a la diversidad del alumnado, impulsar la detección e intervención precoces y potenciar el papel central de las familias en las etapas iniciales del proceso educativo. Cuenta con un presupuesto de 38 millones de euros y está dirigido al alumnado de Infantil y los dos primeros ciclos de Primaria de centros ordinarios y centros de Educación Especial sostenidos con fondos públicos. 

Además, este año vamos a iniciar un proyecto de la Comisión Europea para España, Portugal e Italia que busca construir centros educativos verdaderamente inclusivos. Se trata de una ayuda técnica que realiza la Agencia Europea de Necesidades Especiales y que contará con grupos de trabajo donde estarán también las familias, asociaciones y estudiantes que nos indicarán aspectos más concretos y específicos sobre el acceso a la educación y la atención que necesitan. 

Del mismo modo contamos con los Grupos de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva con los que estamos trabajando para asegurar una respuesta educativa inclusiva común. 

¿Se pondrán los recursos y apoyos necesarios para garantizar la inclusión educativa? 

La educación inclusiva es un principio fundamental y así se recoge en la propia Ley de Educación. El fin es atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado. Además, es necesario que, en base a esa diversidad, se adopten las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, garantizando los derechos de la infancia, y se facilite el acceso del alumno a los apoyos que requiera. 

Muchos de esos recursos corresponden a las Administraciones educativas, pero desde el Ministerio estamos trabajando a través de programas como el de Cooperación Territorial Inclusiva, el PROA+ o la puesta en marcha de Unidades de Acompañamiento y Orientación. Desde el Gobierno de España estamos dotando con recursos esa atención a la diversidad. La escuela es diversa, como es diversa nuestra sociedad. 

¿Podría ser esta la ley educativa definitiva? 

Desde luego es una buena ley y estoy convencida de que, más allá del ruido político, esta ley va a permitir que nuestro país avance en materia educativa. Una ley que nos sitúa al nivel de muchos países europeos y que ha contado con un nivel de apoyos parlamentarios considerable. 

Creo que todos debemos hacer esfuerzos por intentar alcanzar acuerdos en algo tan fundamental como la educación. La sociedad, la gente en la calle, también nos lo demanda. Y estoy convencida de que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Todos compartimos el objetivo de mejorar el sistema educativo de nuestro país porque eso será bueno para las generaciones actuales y futuras y, por ende, para España. 

¿Está previsto incluir en el Currículum formativo de futuros docentes y del resto del personal mayor peso de contenidos específicos sobre discapacidad? 

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional hemos puesto en marcha un debate que consideramos importantísimo y que no se había afrontado en nuestro país en 40 años. Estoy hablando de la reforma de la profesión docente. Hemos presentado ya un primer documento de trabajo que cuenta con 24 propuestas y es que, según recoge el propio documento, “la educación se enfrenta actualmente a nuevos retos que exigen que todo el sistema, incluidos los profesores, se encuentre en las mejores condiciones para afrontarlos, debiendo incorporar nuevos elementos en la formación, en la selección y en el desarrollo profesional”.  

Impulsar la educación inclusiva requiere reforzar la formación

Hemos incluido, entre otras, una propuesta que habla de revisar los contenidos de los planes de estudio de las titulaciones universitarias que habilitan para la docencia. Queremos que se incluyan aspectos como la atención a la diversidad, el desarrollo sostenible o ese currículo competencial que hemos puesto en marcha con la nueva Ley de Educación. 

También hablamos de revisar las atribuciones profesionales de determinadas especialidades. Se han de tener en cuenta aspectos como las especialidades de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica o Lengua extranjera en Educación Infantil. Impulsar la educación inclusiva requiere reforzar la formación en atención a la diversidad en todas las especialidades. 

¿Se va a impulsar el cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad para los centros educativos en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios? 

Las medidas de accesibilidad de los entornos educativos y el diseño de aprendizaje para todas las personas son claves porque permiten eliminar barreras y hacer que los entornos sean más incluyentes, propiciando de esta forma un mejor aprendizaje y la participación del alumnado con discapacidad.  

Desde el Ministerio hemos realizado observaciones en el II Plan Nacional de Accesibilidad y hemos participado en la elaboración de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que lidera el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 20030 y en la que el Ministerio de Educación y Formación Profesional colabora desarrollando aspectos directamente relacionados con nuestro ámbito. 

Teniendo en cuenta el elevado abandono escolar registrado entre el alumnado con discapacidad, ¿se van a destinar más recursos a promover la educación inclusiva en la práctica, aparte de los fondos del Programa Proa+? 

Actualmente se desarrolla el Programa de Cooperación Territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable que se plantea como una medida innovadora con una función específica: acompañar las trayectorias educativas del alumnado más vulnerable de una zona o sector para prevenir fracasos y promover su aprendizaje y éxito escolar, en colaboración con otros profesionales de la zona o sector.  

Se aplica desde Educación Primaria hasta el final de la ESO y Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos. Para ello contamos con un crédito de 124 millones hasta el curso 23-24. 

Además, este curso se pondrá en marcha, como les he explicado, el Programa de Cooperación Territorial de educación Inclusiva con un presupuesto de 38 millones anuales.  

¿Se contempla la incorporación en los centros educativos, con mayor intensidad, de nuevos perfiles profesionales más relacionados con la salud (enfermeros/as, terapeutas, etc.)? 

La gestión y organización de los recursos corresponde a las comunidades, pero desde el Ministerio estamos trabajando en algunos aspectos que nos preocupaban. Por un lado, dentro de un programa de Cooperación Territorial sobre Salud Mental hemos incluido el aumento de los recursos humanos en apoyo y orientación escolar, aunque todavía hay que definir y consensuar el perfil profesional y la cualificación requerida para ello. 

El alumnado con discapacidad de entornos rurales se encuentra muchas más barreras, ¿qué medidas existen o se pueden poner en marcha para afrontar estas realidades y que nadie se quede atrás en este tipo de entornos? 

Para nosotros es igual de importante el entorno urbano que el rural, no puede haber distinciones a la hora de lograr el objetivo de cumplir con el derecho a la educación. En la nueva ley también lo recogemos así. Insistimos en que se debe prestar especial atención a los centros educativos en el ámbito rural, y favorecer la permanencia en el sistema educativo del alumnado de las zonas rurales más allá de la enseñanza básica. En la educación primaria, se garantiza a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona, minimizando los tiempos de transporte. Se procura una oferta diversificada de calidad en enseñanzas no obligatorias, relacionada con las necesidades del entorno. Se realizará un ajuste razonable de los criterios para la organización de la optatividad del alumnado de educación secundaria. Se fomentará la formación específica del profesorado de las zonas rurales. La planificación de la escolarización en las zonas rurales contará con recursos económicos suficientes para el mantenimiento de la red de centros rurales, el transporte y comedor del alumnado que lo requiera y el equipamiento con dispositivos y redes informáticas y de telecomunicación y acceso a Internet. 

Son las Administraciones educativas las que tienen la responsabilidad de la gestión y organización de los recursos establecidos en dicha normativa. 

Por otro lado, se impulsará la realización de prácticas en los centros educativos del medio rural por parte de estudiantes universitarios y de formación profesional, que ya está siendo una realidad, por ejemplo, a través de Programa "Generación Docentes" de formación y prácticas en escuelas rurales de la Fundación Princesa de Girona. 

Además, todos los Programas de Cooperación Territorial tienen en cuenta las zonas rurales o urbanas desfavorecidas socialmente, la despoblación o dispersión demográfica y la insularidad, como uno de los criterios para la distribución territorial de recursos económicos. Estos programas están orientados a favorecer la igualdad de oportunidades.  

¿Cuáles son los retos del Ministerio para lo que resta de legislatura? 

Como les he dicho, nos hemos embarcado en algo que consideramos fundamental: la reforma de la profesión docente. El sistema educativo español será lo que sean sus docentes, y si queremos tener a los mejores debemos dotarles de recursos. Prestigiar de nuevo a los docentes, potenciar su papel en la sociedad, son aspectos que consideramos claves, pero también que abordemos otros, como el acceso a la carrera docente, la formación permanente, la formación inicial…  

Hemos iniciado el diálogo y vamos a hacerlo de una manera constructiva. Una reforma de este calado sólo puede hacerse desde el acuerdo y el consenso. 

¿Se aprobarán nuevas medidas que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad? 

En lo que compete al Ministerio de Educación se trataría de continuar con el desarrollo normativo de LOMLOE. Es uno de los temas en que se está trabajando y para el que resultarán importantes las orientaciones del informe de la ayuda técnica europea que les he comentado antes. Desde el Gobierno de España, lo que indica la Ley, es que tenemos que colaborar con las Administraciones para ir adoptando medidas que permitan atender mejor al alumnado con discapacidad. 

"La colaboración del Ministerio con la sociedad civil es positiva y muy necesaria"

Con otros Ministerios, especialmente Derechos Sociales y Sanidad, también colaboramos en dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad: Coordinación interdepartamental en Atención Temprana, II Plan Nacional de Accesibilidad, Estrategia española sobre discapacidad 2022–2030. 

¿Cómo valoras la colaboración de la sociedad civil organizada con el Ministerio? 

Como positiva y muy necesaria. Una de las acciones prioritarias para el MEFP es el establecimiento de procesos de diálogo, participación y el trabajo conjunto con el tejido asociativo, la comunidad educativa y la sociedad civil a través de diversos órganos colegiados. Para ello, se utilizan diferentes instrumentos como el Consejo Escolar de Estado, el Foro para la inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. El MEFP también participa en el Real Patronato de la Discapacidad (dependiente del Ministerio de Derechos Sociales).  

El MEFP tiene establecidos convenios y protocolos de colaboración con diferentes entidades y asociaciones, a través de los que desarrolla actuaciones conjuntas para mejorar la atención educativa al alumnado que presenta diferentes necesidades, así como publicar trabajos de investigación, estudios, experiencias o materiales que se elaboren como resultado de las actuaciones conjuntas. 

¿Qué mecanismos de colaboración con las entidades sociales podrían ponerse en marcha para promover la participación de las personas con discapacidad en la formación profesional y la formación para el empleo? 

El nuevo sistema de Formación Profesional impulsado por el Ministerio es un modelo al servicio de todas las personas, y en este sentido, es absolutamente inclusivo con aquellas que tienen algún tipo de discapacidad. Sabe que, por primera vez en nuestro país, tenemos un sistema de FP destinado a jóvenes y a trabajadores, empleados y desempleados, accesible y flexible, capaz de moldearse en función de las circunstancias de cada ciudadano o ciudadana y esto pasa también por tener en cuenta la diversidad y la atención a la discapacidad. 

La nueva Ley de FP es muy clara en este tema y garantiza la oferta de Formación Profesional a lo largo de la vida que capacite y mantenga actualizadas las competencias de las personas con discapacidad en su itinerario profesional. Por ello, contempla, entre otras medidas, que podrán efectuarse ofertas formativas en modalidad específica dirigidas a aquellas con necesidades educativas especiales cuando las herramientas disponibles de atención a la diversidad e inclusión no sean suficientes. Además, se ajustarán a las características y perfil de los destinatarios. Porque la Ley de FP es una norma facilitadora que permite personalizar los itinerarios formativos adaptándolos a cada perfil. 

La norma, que como sabe imprime el carácter dual a toda la Formación Profesional, garantiza el derecho a su formación en las empresas con las adaptaciones que sean precisas. Además, la Ley abre la puerta a la colaboración con entidades del Tercer Sector que podrán actuar como organismos intermedios para agrupar a las pequeñas y medianas empresas y asegurar la formación de estos ciudadanos y ciudadanas en ellas, así como garantizar su entrada en el mercado laboral. Estas entidades servirán para conectar los centros de Formación Profesional y las empresas de los distintos sectores productivos, impulsando la corresponsabilidad y el trabajo conjunto entre ambos escenarios formativos en beneficio del alumnado.  

¿Qué papel ha desempeñado el movimiento asociativo de personas con discapacidad en el diseño de las políticas educativas?  

Son actores proactivos y propositivos que resultan fundamentales en los procesos de consulta pública que hemos realizado para el desarrollo normativo de la Ley. También vamos a tenerlos en cuenta en el proyecto de ayuda técnica de la Comisión Europea sobre “Combatir las disparidades territoriales en el acceso a la educación inclusiva”. De allí emanará un documento de aportaciones junto con planes de acción específicos para apoyar el despliegue efectivo y oportuno de las correspondientes políticas educativas. Están previstos grupos de trabajo con la participación de asociaciones de la sociedad civil, entre otros colectivos.