Después de un duro 2020 marcado por la pandemia, parece que la vacuna frente a la COVID-19 ha traído un atisbo de esperanza para empezar a pensar que podemos pasar página y vivir de nuevo con normalidad.
La Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 en España comenzó su andadura a finales de diciembre y desde entonces COCEMFE ha mantenido un estrecho seguimiento de la misma para que se priorizase a algunos de los colectivos que pueden presentar un mayor riesgo de contagio, desarrollar una COVID-19 grave, ver agravada su condición o elevar su riesgo de mortalidad.
Gracias a esta incidencia se ha ido incorporando a algunas de las personas de mayor riesgo de este grupo social que reivindicaba la Confederación, pero “sin embargo, hay muchas personas que, siendo más vulnerables a la COVID-19, todavía no han sido priorizadas”, lamenta el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien pide que “se tengan en cuenta no solo las condiciones de la persona, sino también su situación, es decir, el modo de vida que tiene la persona en cuestión y qué actividades tiene condicionadas por su discapacidad”.
Una labor de incidencia política por parte de la Confederación en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que se ha visto reforzada también en el marco del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de mayo, con la reivindicación por parte de COCEMFE y su Movimiento Asociativo de la puesta en marcha de forma urgente del baremo del grado de discapacidad.
Un documento que incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica y que supone la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país para las personas con discapacidad física y orgánica y que lleva más de 20 años sin renovarse. El tiempo de espera no puede prolongarse más, es necesario y urgente que se agilicen todos los trámites para que el nuevo baremo se ponga en marcha lo antes posible.
La pandemia ha replanteado el mundo en todos los órdenes y niveles, ha puesto en jaque la salud física y mental de la población mundial y especialmente la de las mujeres con discapacidad, un colectivo ya de por sí más discriminado, que ha visto como el coronavirus las situaba en una situación de extrema vulnerabilidad.
La pandemia ha relegado aún más a las mujeres y niñas con discapacidad en todas las esferas y ámbitos de su vida, aumentando las desigualdades y los riesgos, especialmente en lo referente a situaciones de violencia, acceso a la atención sanitaria, a la educación, al empleo y participación social.