El reto de evitar que tu vivienda se convierta en tu cárcel

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas establece, en su artículo 28, que “los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”. 

Sin embargo, a pesar de que España cuenta con una legislación muy avanzada en materia de derechos de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad física y orgánica cuentan con grandes dificultades para encontrar una vivienda accesible que cuente con los recursos y las medidas de apoyo necesarias para moverse de forma autónoma por ella y para poder entrar y salir de la misma sin la asistencia de una tercera persona. 

No poder salir de tu propia casa por falta de accesibilidad convierte tu propia vivienda en una cárcel. La vivienda, en teoría, debería ser ese lugar que es tu espacio seguro ante el mundo, esas cuatro paredes a las que volver y olvidarte por un momento de los problemas del exterior. Sin embargo, las barreras que se encuentran a diario las personas con discapacidad pueden provocar que se convierta en una prisión que impide que puedas vivir tu vida de una manera autónoma e independiente. 

Es el caso de Nuria Rodríguez, quien tiene síndrome de Sudeck “que me provoca muchísimo dolor”. “Vivo en un cuarto piso y la comunidad no quiere poner ascensor”, lamenta Rodríguez, que relata que “cuando estoy bastante mal tengo que bajar las escaleras de una en una y sentada”, lo que ha provocado que “como desde la pandemia teletrabajo, ahora salgo muy poco de casa”. Rodríguez lleva desde el año 2018 intentando que se instale un ascensor en su edificio de viviendas, pero la negativa por parte de sus vecinos y vecinas ha provocado que se tenga que enfrentar a esta barrera de accesibilidad cada vez que quiera salir de casa. 

En este sentido, argumenta que “si tuviese un ascensor sería maravilloso y podría hacer más cosas”, pero añade que “en esta situación me da muchísima pereza salir y al final te terminas acostumbrando y quedándote en tu zona de confort”, ya que “como no me apetece sufrir mucho, si salgo es a los sitios habituales y porque voy con la ayuda de amigos”. “Hay gente a la que le falta muchísima empatía y no se ponen en el lugar de los demás y no ven la gravedad del asunto”, critica Rodríguez.

Solo el 0,6% de los edificios de viviendas son plenamente accesibles.

Y casos como el de Rodríguez se repiten en España de manera constante, ya que, de acuerdo con el estudio ‘La accesibilidad en las viviendas de España’ de la Fundación Mutua de Propietarios, solo el 0,6% de los 10 millones de edificios de viviendas de España son plenamente accesibles, según la reglamentación vigente y es que el 80% del parque edificado en España tiene más de 20 años, convirtiéndose en el parque inmobiliario más envejecido de Europa, con todo lo que eso conlleva. 

Esto provoca que, tal y como señala en otro de sus informes: ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’, elaborado junto a COCEMFE, más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida precisen de ayuda para salir de sus casas y alrededor de 100.000 personas que no disponen de esta ayuda no lo haga nunca. 

Para poner fin a esta situación, COCEMFE considera necesario establecer medidas urgentes destinadas a promover el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad en España y garantizar la autonomía personal y libertad de movimientos de las personas con discapacidad física y orgánica. 

La esperanza de que se garantice la accesibilidad universal en los edificios de vivienda se hace palpable en casos como el de Mariana Pérez, que se desplaza en silla de ruedas y vivía en un edificio sin accesibilidad en las zonas comunes y con unas obras de accesibilidad mal ejecutadas que le impedían salir de casa de manera independiente. 

“Gracias a todo lo peleado, hemos conseguido que se reforme la entrada al edificio para que en vez de dos tramos de rampas ahora sean tres, las cuales, puedo subir y bajar sola al haber eliminado la pronunciada pendiente que había”, señala Pérez, que celebra que “también se ha mejorado la accesibilidad de la puerta de acceso a la piscina, haciéndola más ancha y con una pendiente adecuada”. 

Pérez hace hincapié en que “hoy, por ejemplo, he ido a la piscina de la urbanización y lo he hecho sola” y destaca la importancia que han tenido en su vida estas obras de accesibilidad, “porque antes tenía que depender de una persona siempre, pero si ahora quiero hacer ese tramo sola o salir a la calle de manera independiente, ya puedo hacerlo”. 

Recientemente se aprobó la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda que entre sus objetivos se encuentra “dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que la habitan”. 

Esperamos que la nueva Ley de Vivienda desencadene la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

Por ello, COCEMFE espera que con la nueva ley de vivienda se desencadene la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y la implantación del resto de medidas para que la accesibilidad en los edificios de vivienda sea una realidad y el derecho a la vivienda esté plenamente garantizado. 

"Podríamos modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que sea obligatorio realizar obras de accesibilidad en todos los edificios donde vivan o trabajen personas con discapacidad sin que la carga económica caiga directamente sobre los vecinos y las vecinas del edificio, como ocurre actualmente en la mayoría de los casos”, lamenta el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, en relación a que “a día de hoy, los gastos de obras en materia de accesibilidad lo cubren la comunidad de manera obligatoria solo si son inferiores a 12 mensualidades de los gastos comunes u ordinarios o si con ayudas públicas se sufraga el 75% del importe de las mismas”. 

Solo el 10% de las obras de adaptación realizadas provienen de ayudas de la Administración pública, el resto se sufraga con dinero de la comunidad o de las personas inquilinas. Queiruga defiende que “no puede ser que, algo tan vital como instalar un ascensor en el edificio para poder salir y entrar en tu casa libremente, dependa de los recursos económicos de los vecinos y las vecinas y de su deseo de apostar por la accesibilidad universal”. “Disponer de un parque de viviendas accesibles para alquilar facilitaría a las personas acceder a servicios como la asistencia personal, porque un requisito de esta prestación es tener una vivienda en cualquier modelo de tenencia”, incide. 

Aunque para garantizar la accesibilidad universal es necesario que se involucre toda la ciudadanía en general, ésta conquista del derecho a la vivienda tiene que estar encabezada por la Administración, que es la responsable de que se aprueben las medidas necesarias que permitan eliminar todas las barreras arquitectónicas existentes que atentan contra la plena inclusión y participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad. 

Contar con información veraz del grado de accesibilidad de las viviendas es fundamental, así como apostar por la rehabilitación y la regeneración urbana para avanzar realmente en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad física y de las personas mayores, puesto que sin accesibilidad en la vivienda tampoco es posible un envejecimiento activo y una permanencia en el hogar con apoyos. 

La dificultad del acceso a la vivienda digna y adecuada es generalizada España, pero las personas con discapacidad se enfrentan además a falta de accesibilidad del parque de edificios y viviendas, haciendo de este derecho a la vivienda extremadamente difícil. “Desde COCEMFE consideramos necesario impulsar la accesibilidad universal y el diseño universal en el parque de vivienda, asegurando su efectividad en las nuevas viviendas y adoptando medidas de adecuación efectiva para garantizar la accesibilidad universal y solventar las necesidades sobrevenidas en el parque de vivienda preexistente”, afirma Queiruga. 

El derecho a la vivienda, de la misma manera que el derecho al empleo, es un derecho generador de derechos. No es posible que una persona pueda vivir de manera independiente y hacer uso de su autonomía personal si no tiene garantizado el poder residir en una vivienda de la cual puede entrar y salir libremente. 

“Las personas con discapacidad estamos hastiadas de solicitar que se nos permita salir de nuestros propios domicilios y, por eso, exigimos la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal de forma inmediata”, afirma el presidente de la Confederación, que argumenta que “tenemos que poder acceder a cualquier vivienda que nuestra economía nos permita sin tener que estudiar previamente si vamos a poder entrar y salir de ella de manera autónoma e incluso movernos dentro de la misma”. 

También, de cara al futuro, uno de los aspectos a tener en cuenta para garantizar la accesibilidad es democratizar los avances realizados en domótica y tecnologías de apoyo, ya que, a día de hoy, la domótica y la inteligencia artificial podría mejorar en más de un 70% la calidad de vida y la autonomía de las personas, pero su enorme coste supone que su utilización no llegue ni al 2% de la población. 

Garantizar el derecho a la vivienda es garantizar el derecho a la vida y garantizar que cualquier persona, tenga o no discapacidad, pueda vivir la vida que desea de manera independiente y en igualdad de condiciones.