El precio de la luz, una barrera más para las personas con discapacidad

La falta de accesibilidad en los diferentes productos, bienes, entornos y servicios, la escasez de medios que impiden una educación inclusiva gratuita y de calidad, la falsa concepción social que se tiene de las personas con discapacidad y la carencia de oportunidades laborales que se ofrecen a este grupo social son solo algunas de las barreras, de sobra conocidas por todo el mundo, que provocan que estas personas no puedan desarrollarse de una manera plena y puedan vivir sus vidas tal y como lo desean.

Y es que otro factor clave que puede afectar gravemente a la salud de las personas con discapacidad y que hasta ahora no se había tenido tan en cuenta es el precio de la luz, ya que, según señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) “el precio de la electricidad ha escalado hasta los 65,02 MWh, que es con diferencia el más caro desde que en 2014 se creó la tarifa regulada PVPC” y explica que “el resultado en la factura mensual de un hogar medio supondrá una subida de 8,3 euros respecto de la factura del mes marzo, para alcanzar los 70,55 euros, muy lejos de los 50 euros que pagaron el mes de abril de 2020”.

Esta situación choca con el hecho de que hay muchas personas con discapacidad física y orgánica que necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente como, por ejemplo, los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.

Es un gasto continuo de luz que muchas familias sin discapacidad no tienen y que contribuye a que las personas con discapacidad puedan verse abocadas a situaciones de pobreza, aumentando así su vulnerabilidad social.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas establece, en su artículo 28 que los Estados adoptarán las medidas pertinentes para “asegurar el acceso de las personas con  discapacidad y de  sus familias que vivan en  situaciones de  pobreza  a  asistencia  del  Estado  para sufragar  gastos  relacionados  con  su discapacidad,  incluidos  capacitación, asesoramiento, asistencia  financiera  y  servicios  de  cuidados  temporales adecuados”.

De esta manera, es el Estado quien tiene que velar por que ninguna persona con discapacidad atraviese situaciones de pobreza energética que impidan su plena inclusión y participación activa en la sociedad.

“La luz supone una parte excesiva de los ingresos”

Para conocer la situación que atraviesan las personas con discapacidad física y orgánica en España, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) realizó una consulta en la que quienes participaron pudieron detallar qué impacto estaba teniendo el aumento de la factura de la luz en sus vidas y que consecuencias tenía para su estado de salud.

En concreto, el 80% de las personas que participaron en esta consulta afirmaron que las ayudas existentes para hacer frente a la factura de la luz no tienen en cuenta las circunstancias sanitarias, sociales y económicas específicas de las personas con discapacidad. Y es que la factura de la luz está teniendo un gran impacto en su economía, ya que el 70% declaró que, aunque son capaces hacer frente a esta factura, supone una parte excesiva de sus ingresos e incluso un 11% afirmó que no es capaz de pagarla.

Por ejemplo, María Alcaraz, hizo hincapié durante su respuesta en la consulta en que "no poder utilizar todos los aparatos para poder respirar y la humedad del ambiente en la noche está empeorando mi calidad del sueño y diversas dolencias respiratorias”. Por su parte, Isabel Cordero manifestó también las consecuencias que tiene este elevado coste de la factura de la luz. “No puedo poner la bomba de calor cuando la necesito, tengo que hacerlo a horas que el precio es más bajo y en consecuencia paso frío y mis músculos se agarrotan”, detalló.

Y es que el 79% de las personas consultadas han tenido que alterar sus hábitos de consumo eléctrico para ajustarse a las horas en las que el precio es más económico, opción que no está al alcance de todo el mundo.

“Necesito enchufar sí o sí el respirador”

“Tengo un pulmón menos y por consecuencia dificultad para respirar”, afirma María del Carmen Santana en la citada encuesta, donde explica que utiliza el respirador “durante al menos 16 horas, el cual, hay que enchufarlo a la red eléctrica”. “Necesito enchufar sí o sí el respirador para poder respirar”, añade.

En este sentido, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, remarca que “hay personas con discapacidad que necesitan utilizar dispositivos eléctricos las 24 horas del día” y solicita al Gobierno que tenga en cuenta las especificidades asociadas a la discapacidad para así garantizar la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en la sociedad.

 "Antes de la llegada de la pandemia y de la subida de la factura eléctrica, más del 30% de las personas con discapacidad ya tenía dificultades para afrontar el recibo de la luz”, recuerda Queiruga, quien señala que se trata de “una situación de partida de clara desventaja que se ha acrecentado considerablemente en los últimos meses y que pone en riesgo la salud y bienestar de las personas con discapacidad física y orgánica como consecuencia directa del elevado precio del consumo eléctrico”.

 A pesar de que el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas para hacer frente a la factura de la luz y de que las personas con discapacidad pueden ser consideradas consumidores vulnerables, COCEMFE considera que se deben adoptar medidas permanentes e integrales que permitan a las personas con discapacidad más vulnerables y a sus familias llevar una vida digna.

 "Desde COCEMFE estamos a disposición del Gobierno para que el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas tengan en cuenta a las personas a las que van dirigidas”, argumenta Queiruga.

Son necesarias medidas que alumbren el camino de inclusión que necesitan las personas con discapacidad física y orgánica para poder desarrollar sus vidas de una manera plena y participar de forma activa en los distintos ámbitos de la vida.