El valor de la perspectiva interseccional

“Vivir desde la discapacidad, ser parte de la comunidad LGBTIQA+ y ser indígena, es una vivencia constante de negaciones sociales y culturales”. Amaranta Gómez, mujer con discapacidad transgénero, promotora de la identidad cultural indígena precolombina en México.  

“Existe un silencio y una normalización de la violencia sexual, social, económica e institucional que sufren las mujeres y niñas con discapacidad”. Beatriz Sagrado, investigadora del ‘Diagnóstico sobre Trata y Discapacidad’ de la Fundación Cermi Mujeres en España.  

“Las necesidades de las personas indígenas con discapacidad deben ser tratadas desde la asimilación cultural de los pueblos indígenas”. Olga Montúfar, representante del Caucus Global y punto focal de América Latina y El Caribe para las personas indígenas con discapacidad del UNPFII en México.   

“Soy negro y solo tengo una pierna. Percibí que las personas intentaban evitarme”. Jeff Hassler, persona refugiada con discapacidad física de origen haitiano.  

Cuatro personas, cuatro afirmaciones y una realidad común: un mundo binario de dicotomías en el que siguen prevaleciendo contextos y sociedades opresivas y discriminatorias.  En esta circunstancia entra en juego el análisis interseccional, una herramienta en valor que contribuye a comprender cómo interactúan esas relaciones verticales que sostienen las situaciones estructurales sistemáticas de desventaja, desigualdad, discriminación e injusticia; un instrumento en auge que actualmente tiene que dirigirse hacia un modelo de colaborativo en la que poder identificarse, reconocerse y reclamar derechos.  

“La mirada interseccional se atisba necesaria para describir las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a las personas, también las que tenemos discapacidad, y como eso se entrelaza para poder “apalancar” y exigir nuestros derechos”, afirma Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).  

Las personas con discapacidad son de las más perjudicadas cuando se habla de ‘violencia por prejuicio’ 

Y es que el grupo social de las personas con discapacidad es uno de los más perjudicados cuando se habla del concepto de ‘violencia por prejuicio’, en el que las personas son víctimas de violencias específicas por los estigmas e ideas preconcebidas que recaen sobre ellas o por razón de pertenencia a un determinado grupo poblacional, como el de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, este tipo de violencia permite a la persona que tiene esas actitudes valorativas negativas, racionalizar y justificarlas. Pero hablemos de realidades y soluciones concretas.    

La diversidad sexual en la discapacidad es una realidad aún invisibilizada, como argumentaba Amaranta Gómez al inicio de este reportaje. En este punto, la mirada interseccional se hace necesaria para describir las múltiples vulnerabilidades que atraviesan las personas y el patrimonio de su diversidad, y para ello, son necesarias medidas que “coloquen esa riqueza que tiene la otra persona como el valor más importante para construir sociedad”, comenta. “Afortunadamente hay miles de millones de personas que se resisten a la opresión y a la discriminación que enfrentan, posicionándose por la construcción de una sociedad más justa”, sentencia.  

Estrechamente relacionado se encuentra también el tema de la trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual, un tema de índole mundial que no se refleja en estadísticas, pero que no por ello deja de ser una realidad. Para Beatriz Sagrado, la trata abastece al mercado y al sistema prostitucional porque hay una demanda de cuerpos sexuados para ser comprados y explotados.  “El hecho de estar esta situación extendida y dispersa, pero invisible, obstaculiza tanto su detección primaria y temprana, como su modificación, la denuncia y la propia atención al respecto, por lo que la vulnerabilidad de este grupo social es mayor”, subraya Sagrado. “Es más, las organizaciones que son especialistas en trabajar en temas de trata se ven con las manos atadas al no haber instrumentos y no considerarse la discapacidad un factor de vulnerabilidad, incluido un indicio de delito o un factor a tratar”.  

Las minorías sociales por razón de etnia o migración son otros dos puntos en los que la interseccionalidad han de poner el foco, pero no como escollo, sino dando respuesta, abordando la desigualdad analizándola en profundidad, de manera más compleja e integral.   

“Implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestras comunidades indígenas, pasando por alto la asimilación cultural y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, se acerca a la asimilación forzada ejercida por los conquistadores de nuestras tierras y por ello sigue existiendo el rechazo a las personas que lideran la comunidad”, asevera Olga Montúfar. “Las políticas públicas siguen diseñadas para un estándar de ser humano y eso se traduce en violencia institucional debido a que el sistema no está pensado para utilizar la interseccionalidad. Por tanto, requerimos respetar nuestros derechos individuales como personas con discapacidad y al mismo tiempo respetar nuestros derechos colectivos desde nuestra conceptualización como personas indígenas” subraya.  

Asilo, refugio y discapacidad es otra cuestión que debe plantearse desde una perspectiva interseccional. Según Ricardo Pla, Oficial de Protección para la Inclusión de la Discapacidad en ACNUR, 12 millones de personas con discapacidad vive en desplazamiento forzado, Jeff Hassler es una de ellas. “Fui víctima de un operativo policial destinado a desmantelar un grupo pandillero y mientras estaba de servicio recibí dos disparos en la pierna, la incesante infección hizo que me la amputaran. Las represalias de este grupo, unido la discriminación que siempre han sufrido y sufren las personas con discapacidad en Haití, hicieron que me viera forzado a abandonar mi país”.  

A partir de ahí, la vida de Jeff cambió viéndose sometido a múltiples discriminaciones interseccionales tanto por su origen, como por su discapacidad, pero sin duda, una de las que más le dificultan avanzar en su nueva vida son las dificultades burocráticas. “Conseguir el certificado de empadronamiento, la tarjeta sanitaria, el certificado digital o el de discapacidad es un trámite tan complejo que es imposible realizarlo de forma autónoma. A esta circunstancia se suma la digitalización de la Administración Pública y las pocas opciones que hay para tratar los temas con personas”, explica.   

Las alianzas entre el movimiento de la discapacidad y los distintos movimientos sociales, mejoran esta dimensión interseccional colaborativa imprescindible  

“En muchas ocasiones la información no es accesible y el personal de atención no está entrenado para atender a este grupo social”, argumenta Pla al respecto resaltando que estos obstáculos solo se solucionarían a través de reformas legales, en las que se ha de contar con la estrecha colaboración formal de las organizaciones de personas con discapacidad. “Hemos observado que donde estas organizaciones colaboran con el gobierno o las organizaciones internacionales, la respuesta es bastante mejor”.   

Con esta realidad, COCEMFE se postula como una de esas entidades que sirva de herramienta para conseguir ese abordaje interseccional que evite ese blindaje social que no reconoce realidades como las anteriormente expuestas; realidades que no hacen más que multiplicar prejuicios y negar derechos. “Es necesario e impelente que las organizaciones defensoras de los derechos humanos pertenecientes a los distintos movimientos sociales, nos unamos para ejercer una presión ante los gobiernos a favor de la aplicación de un enfoque realmente interseccional para tener en consideración todas las diversidades humanas existentes”, recalca Queiruga.  

La diversidad humana ha de celebrarse. Trabajemos el valor de la perspectiva interseccional cooperando para que el desarrollo y su plasmación en las diferentes leyes y estrategias contemplen todas las realidades posibles, incluidas las de las personas con discapacidad, porque los derechos humanos, independientemente de nuestra condición social, deben ser siempre respetados como norma y no ser considerados un anhelo incierto.