El reto de la educación inclusiva en República Dominicana

En su primer informe nacional voluntario, en junio de 2018, República Dominicana reconoce que tiene pendientes numerosos desafíos en cuanto a la educación inclusiva de calidad, ya que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no asiste a la escuela. Reconoce, también, que debe incrementar los esfuerzos humanos y materiales para una mayor inclusión de las personas con discapacidad en la educación.

En un reciente estudio que ha realizado La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La RED) en Santo Domingo, se recogen varios testimonios que confirman estos retos que plantea el Estado dominicano. La madre de un niño de 14 años con discapacidad física que nunca asistió a un centro educativo lo expresa así: “Yo solicité la primera vez y me dijeron que no podían aceptármelo para que no se sintiera mal, porque la mayoría de los niños lo podían ofender y relajar (bullying)”. Al preguntarle “¿qué hiciste en ese momento?”, responde: “ná me quedé ahí”.

Otra madre de un niño de 10 años con discapacidad auditiva (hipoacusia) afirma: “Buscamos muchas escuelas, pero él no hablaba ni entendía bien, no lo querían recibir”.

Por su parte, la madre de una niña de 11 años que no está actualmente escolarizada, no logra precisar el tipo de discapacidad de su hija, quien presenta dificultades visuales y en el habla. “Es muy difícil que estudie, intenté llevarla a la escuela, pero no la admitieron, entonces después encontré un colegio que me la recibía y cobraba 800 pesos (14 euros), pero después lo subieron a 4.000 (71 euros), y pagar una madre sola con dos hijos esa cantidad no se puede, no se puede”, asegura frustrada ante la ausencia de un centro donde su hija pueda estudiar en igualdad de condiciones; y añade: “La escuela de aquí me dice que esta escuela noes para ella, que la lleve a una de sordomudos, pero por acá no hay ninguna”.

Es una constante entre las familias entrevistadas que hicieran un primer intento de ingresar a sus hijos e hijas a un centro educativo, es decir, que buscaran el apoyo en las instituciones escolares. Sin embargo, la mayoría recibió la negativa a su ingreso o la derivación a una escuela de educación especial, incumpliendo así la normativa internacional porque se está apostando por una educación segregada y no por una educación inclusiva. Esta circunstancia se une a que no existen escuelas de educación especial en los barrios donde se realizó el estudio.

El Gobierno dominicano ha impulsado dos iniciativas para favorecer la integración de la infancia con discapacidad en las escuelas ordinarias. Por un lado, en 2010 lanzó el proyecto de “Aulas de Recurso para la Inclusión”, a través del cual se inauguraron 16 aulas en escuelas regulares del sistema educativo público dotadas de tres maestras y una psicóloga para atender a niñas y niños con discapacidad de entre 5 y 16 años. Y por otro, la creación de Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad (CAD) que el Plan Decenal de Educación 2008-2018 definió como “principal estrategia de intervención para el desarrollo de escuelas inclusivas”. Estos espacios tienen como objetivo detectar, valorar y atender las necesidades específicas del alumnado con discapacidad y asesorar al personal docente de las escuelas.

Según la estructura organizativa del Ministerio de Educación, existen 18 regionales educativas, que a su vez están subdivididas en 108 distritales educativas que dan soporte directo a los más de 11.000 centros educativos públicos en todo el país. El objetivo era contar con un CAD en cada una de las regionales educativas, pero actualmente solo hay 13, por lo que existen cinco regionales que todavía no cuentan con el servicio de atención a la diversidad.

“Cuando el CAD accede a una escuela se establece un periodo de trabajo de un año, pasado ese tiempo se supone que el personal de la escuela ya ha adquirido las capacidades y el CAD se puede retirar, pero a veces el trabajo se prolonga hasta seis meses más”, explica Cristina Amiama, responsable de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación (MINERD).

El objetivo gubernamental es lograr que 2.201 escuelas de nivel primario reciban apoyo por el CAD a través del proyecto Buenas Prácticas Inclusivas para el 2020. Teniendo en cuenta que en República Dominicana hay más de 11.000 escuelas públicas, lograr esta meta supondría incidir aproximadamente en el 20% de los centros.

“Los equipos no son suficientes para llegar a todas las escuelas”

“Sabemos que esos equipos no son suficientes para llegar a todas las escuelas y también tenemos una carencia de especialistas en educación especial, logopedia, etc.”, reconoce Amiama, señalando además otra dificultad: “No es que el Estado no quiera contratar, es que realmente no hay personas formadas en el área. La carrera de educación especial salió recientemente, la primera generación se graduó el año pasado”. En este sentido, la directora de Educación Especial admite que “existe una situación dramática en cuanto al acceso, permanencia y promoción del alumnado con discapacidad”.

Aunque la puesta en marcha de estas iniciativas muestre que algo está avanzando en el país desde que se firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, República Dominicana aún tiene un reto más básico que alcanzar. No cuenta aún con un sistema único de valoración de la discapacidad con el que certificar a las personas con discapacidad, por lo que debe crear un registro y configurar un sistema de protección social ajustado a las necesidades de este segmento de la población.

Este hecho también repercute en el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Según explica Amiama, “supone una sobrecarga de trabajo para el ministerio”. Actualmente, la propia Dirección de Educación Especial se encarga de determinar el tipo de discapacidad que tiene cada alumno/a que requiere apoyo para su educación “Si ya el niño/a viniera con un certificado, nosotras solo tendríamos que realizar una evaluación psicopedagógica para determinar las necesidades específicas de apoyo educativo. No creo que definir la discapacidad sea algo que se pueda hacer desde el Ministerio de Educación”, incide.

En este marco, COCEMFE, en alianza con BJ Adaptaciones, junto con La RED como socio local, pondrán en marcha durante el año 2019 el proyecto “IncluyE+d: Educación inclusiva con apoyo tecnológico para la infancia con discapacidad en República Dominicana”, con la financiación de la AECID y Fundación ONCE. A través del mismo se fortalecerá la comunidad educativa y se aplicarán soluciones tecnológicas en la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad en las escuelas ordinarias.