Trabajo en red para tejer un mundo inclusivo

El empleo es un derecho generador de otros derechos, puesto que permite que la población forme parte y participe de forma activa en la sociedad, ya que el trabajo, en la mayoría de ocasiones, va acompañado de socialización con el resto de personas, pero es que además permite a las personas contar con los recursos económicos necesarios para desarrollar su plan de vida.

Se trata de un derecho innegable a cualquier ser humano y, concretamente, el artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas recoge de manera explícita que “los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.

Las personas con discapacidad tienen que tener garantizada la oportunidad de demostrar que, si cuentan con los medios de apoyo necesarios, pueden realizar prácticamente cualquier trabajo de la misma manera que la población sin discapacidad.

Es innegable la importancia de contar con las Administraciones Públicas para velar por que se garantice este derecho, puesto que sin contar con el sector público y sin contar con el apoyo de representantes políticos que legislen en este sentido, jamás se podrá conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Sin embargo, hay que destacar que uno de los factores clave para conseguir esta inclusión y garantizar los derechos de las personas con discapacidad pasa por contar con el apoyo de las empresas, puesto que son quienes ofertan la mayor parte de trabajos en España.

“Lo que para muchas personas es algo tan cotidiano que podemos llegar a no valorarlo, para las personas con discapacidad es una necesidad a satisfacer”, señala la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas,    Maravillas Espín, que hace hincapié en que “de ahí que sea de suma importancia poner en contacto a las Administraciones Públicas, a las empresas y a las asociaciones con la finalidad y el interés de compartir experiencias y favorecer el trabajo y la participación plena de todos y todas en la sociedad”.

La diversidad es una fuente clara de ventaja competitiva

Espín realizó estas declaraciones durante la celebración de la jornada ‘Impacto de la Economía social. Redes, Entidades y Propósito: La oportunidad para contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y sostenible’, que organizó la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) para poner en valor la contribución de las entidades sociales y de las empresas de su entorno a la Economía Social y al desarrollo económico del país, así como la importancia de la colaboración de las mismas con el sector empresarial, las empresas y del trabajo en red.

A juicio de Espín, “es de gran importancia que la diversidad conforme uno de los ejes de la cultura de la responsabilidad social de las empresas en nuestro país” y defiende que “la incorporación a las empresas de esta perspectiva enriquece el funcionamiento interno de sus organizaciones y abre las puertas a futuras líneas de innovación social, además de ser una fuente clara de ventaja competitiva y de diferenciación en el mercado”.

“Las administraciones públicas y las empresas hemos de fomentar la diversidad en cuanto a la discapacidad, la edad, el género y el origen étnico o cultural mucho más allá de los límites establecidos”, propone esta directora general, que añade que “solo a través de este compromiso, la diversidad desarrollará todo su potencial y revertirá en la sociedad en su conjunto”.

Y es que, como si se tratase de un trípode, las Administraciones Públicas componen una de las ‘patas’ sobre las que se tiene que sustentar este trabajo en red, tan fundamental para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por otro lado, las empresas y las entidades que conforman el movimiento asociativo componen este trío tan necesario para el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad.

Acerca de la función del sector empresarial, la directora Intelligence & Knowledge de Corporate Excellence–Centre for Reputation Leadership, Clara Fontán, incide en que “no se trata de que todas las organizaciones tengan que cambiar el mundo, sino de que realmente sean capaces de definirse en torno a una causa compartida que les lleve a impulsar una contribución significativa en los entornos en los que operan”.

Corporate Excellence–Centre for Reputation Leadership es una fundación empresarial creada por grandes empresas con el objetivo de profesionalizar la gestión integrada e integral de los intangibles, como son la reputación, la comunicación, la marca, etc., como recursos estratégicos que guían y construyen valor para las empresas en todo el mundo.

En este sentido, argumenta que “todas las organizaciones tienen un propósito, solo necesitan descubrirlo o redescubrirlo” y menciona que “la reputación es uno de los recursos más prometedores para la gestión empresarial y el camino para alcanzar la excelencia”.

Por lo tanto, que las empresas adopten un cambio de mentalidad y apuesten por la inclusión en sus plantillas y en su actividad no es en exclusiva una acción de justicia social y de respeto a los derechos humanos, sino que supone una buena estrategia empresarial que se verá recompensada a la postre en intangibles como la reputación y la percepción que tiene de la marca potenciales consumidores y consumidoras.

Necesitamos la colaboración de empresas y administraciones

El trabajo colaborativo y en red redunda en una sociedad más justa y con mayores estándares de calidad de vida, que es en lo que se basa la Economía Social. Para ello, es imprescindible que el movimiento asociativo de las personas con discapacidad complete el trípode anteriormente mencionado y colabore y trabaje de manera conjunta con el sector empresarial y con la Administración.

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, apunta que este trabajo en red se puede llevar a cabo “si cada uno aportamos lo que mejor sabemos hacer” y explica que “las entidades de la discapacidad necesitamos la colaboración de empresas y administraciones para desarrollar nuestra labor, por ello es necesario que todos incorporemos a nuestro propósito a las personas con discapacidad”.

“No podemos olvidar tampoco el enfoque de género a la hora de diseñar estos propósitos, puesto que las mujeres con discapacidad son objeto de procesos de invisibilización derivados de la discriminación interseccional a las que se enfrentan”, añade Queiruga.

Por ejemplo, entre las medidas que se pueden implementar para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad se encuentra regular legislativamente para que la Administración trabaje exclusivamente con los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social promovidos por las entidades sociales, puesto que los beneficios se destinan a mejorar la calidad de vida de más personas con discapacidad, a la reinversión en la propia empresa y a otras iniciativas de carácter social.

Es fundamental que se contraten servicios y realicen compras responsables a través de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social e impedir a las empresas ordinarias seguir creando sus propios centros especiales de empleo para acogerse a beneficios fiscales. “Las empresas lo que deben hacer es contratar a personas con discapacidad y dejar esta figura para que las entidades sociales promovamos el empleo de las personas de nuestro grupo social en situación de mayor desventaja”, concluye Queiruga.

La colaboración mutua y la interlocución continua son las estrategias necesarias para que las necesidades de las tres ‘patas’ sean atendidas y este trabajo en red y propósito compartido sirva para tejer un mundo inclusivo en el que las personas con discapacidad tengan garantizados los mismos derechos que resto de la población.