"La palabra mágica en relación con la justicia debe ser la accesibilidad universal"

Es pronto para hacer un balance, pero ¿podrías hacer una pequeña valoración de tus primeros meses como Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores?

Aun cuando es cierto que no han pasado cinco meses desde mi nombramiento, lo cierto es que la especialidad estaba ya consolidada en todas las Fiscalías territoriales desde hace mucho tiempo. Los numerosos textos doctrinales emanados de Fiscalía General, con cinco Instrucciones y dos Circulares dictadas tras la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y prácticas y profesionales proactivos y muy reconocidos en la defensa de los derechos involucrados, atestiguan que se trata de un ámbito de trabajo tradicional en las Fiscalías. De forma descriptiva suelo decir que me he incorporado a un tren en marcha, que solo precisaba de mejoras en la visibilización del trabajo que se realiza y en la interlocución y coordinación con todos los operadores públicos y privados.

¿Crees que la COVID-19 ha puesto en riesgo los derechos humanos de las personas con discapacidad, a pesar de ese nacimiento de sentimiento de solidaridad que surgió durante la pandemia?

En primer lugar, debemos reseñar la enorme afectación de este colectivo en la enfermedad producida por el virus COVID-19. Y, en segundo lugar, el grave impacto de las medidas de protección adoptadas para ellos: el aislamiento personal y social.

El confinamiento sobre los mayores y las personas con discapacidad ha producido secuelas a nivel físico-funcional, de movilidad, nutricional, relacional, de sueño y psicológico. Y no solo me estoy refiriendo a las personas que viven en recursos residenciales. La priorización de la salud, y el afán proteccionista de evitar brotes en las instituciones, han llevado consigo vulneraciones de la dignidad de la persona, y del ejercicio de derechos tan básicos como la libertad, la igualdad, el respeto a la vida privada y familiar, además de un gran impacto en el bienestar físico, mental, emocional y social. No olvidemos la imposibilidad de tener un acompañamiento debido a las medidas preventivas, no solo durante la hospitalización, sino también en su muerte.

Las repercusiones de estas medidas en las personas con discapacidad y mayores han sido desproporcionadas frente al resto de la ciudadanía y ello por diversas causas entre las que se pueden identificar: la dependencia del contacto físico para recibir apoyo y garantizar su autonomía, la inaccesibilidad de la información, el internamiento en entornos institucionales y las graves dificultades de contención de la expansión del virus dentro de los mismos, sobre todo en los dos primeros meses en los que se carecía de recursos y conocimientos de prevención, la mayor necesidad sanitaria, la especial vulnerabilidad de sufrir patologías secundarias y comorbilidad, así como el particular riesgo de discriminación padecido en el acceso a la atención sanitaria y a procedimientos de atención médica vital.

"Las administraciones y la sociedad civil debemos trabajar sobre las víctimas, informarlas y apoyarlas"

El panorama en lo que se ha dado en llamar la primera ola fue desolador. Las expectativas a lo largo del año 2020 fueron mejorando muy poco a poco y ello pese a los grandes esfuerzos realizados por todos, hasta que ha llegado la vacunación. La necesaria priorización del colectivo de mayor edad que vivían en entornos residenciales en el proceso de vacunación ha dado un vuelco en la mortalidad y contagios y ha dado paso real a la normalización de sus vidas que no había existido en todo un año.

¿Cómo calificaría, ahora mismo, el estado de los derechos de las personas con discapacidad?

Estamos en un momento desde el punto de vista legislativo, absolutamente ilusionante. Se encuentran en tramitación las normas de desarrollo y concreción de los derechos reconocidos por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito civil (esta se encuentra ya ultimándose en el Senado), como penal como procesal, de forma que el acceso a la justicia y la participación en ella sea real y efectiva. Pero es evidente que la accesibilidad y la igualdad exigen recursos económicos, políticas activas que fomenten la inclusión e integración en todo el proceso de educación y formación, en el acceso al trabajo, con apoyo a las empresas para la contratación de las personas con discapacidad, y en los recursos necesarios para atender a la salud y desarrollo de la etapa final de la vida con la mayor autonomía, conforme al proyecto vital de cada uno.

¿Cuáles son las principales demandas jurídicas de las personas con discapacidad física y orgánica?

La palabra mágica en relación con la justicia debe ser la accesibilidad universal. Para tener igualdad auténtica es preciso garantizar el derecho a entender y a ser entendido y por tanto el acomodo de todos los procedimientos y recursos a las necesidades de cada persona, que van desde la eliminación de las barreras físicas hasta el reconocimiento de los medios de comunicación alternativos y de apoyo, de forma que nadie quede excluido en el ejercicio de sus derechos.

¿Existe aún demasiado desconocimiento por parte de las personas con discapacidad para la defensa y el ejercicio de sus derechos, así como la denuncia de las discriminaciones que sufren?

Las víctimas con discapacidad intelectual o psicosocial y con graves problemas de dependencia denuncian muy poco y si convergen diversas formas de discapacidad, aún menos. Si nos preguntamos por qué no denuncian las víctimas con discapacidad, nos encontraremos con variadas respuestas: el miedo a no ser creído o a no ser entendido, a la victimización secundaria; miedo al intrincado proceso donde la víctima no puede asumir el rol procesal con facilidad; estar acostumbrados al estigma y la discriminación; por la desconfianza en ellos, incluso dentro de su propio entorno.

Debemos trabajar sobre las víctimas, informarlas y apoyarlas. Y esta es una tarea que le corresponde tanto a las administraciones como a la sociedad civil.

¿Ves limitado el acceso a la justicia a las personas con discapacidad?

Aun cuando es un derecho reconocido por la Constitución española sin distinción y se encuentra ratificada por nuestro país la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPCD) desde mayo de 2008, lo cierto es que persisten barreras que les dificultan su acceso a la Justicia. El articulo 13 indica los dos puntos esenciales a reforzar: la capacitación de los operadores jurídicos para detectar tempranamente las necesidades de todas las personas, y el derecho a obtener las ayudas necesarias para la comunicación mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios. Esa universalidad de la concepción del derecho a entender y ser entendidos precisa de desarrollo y recursos para que abarque la diversidad de necesidades de comunicación.

Decía Díez-Picazo Ponce de León sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que “si existe un derecho estrella en el firmamento jurídico constitucional español actual, este título corresponde, sin discusión, al artículo 24”. No hay pues tutela judicial efectiva para las personas con discapacidad si no se garantiza la primera condición de ese derecho: el acceso a la jurisdicción.

La falta de los ajustes procedimentales adecuados a cada persona de acuerdo con la CDPCD es un acto de discriminación, porque se limita a una parte de la población el acceso a un servicio que es, o debe ser para todos.

En materia de sanidad, ¿dirías que existe la necesidad de un modelo sanitario más previsor con las personas con discapacidad?

La experiencia de este año pasado revela que se necesita avanzar decididamente hacia la atención sanitaria y social integradas. La atención prestada en las residencias debe incrementar su componente sanitaria, vinculándose mejor los recursos residenciales con la atención primaria y comunitaria de salud, e invirtiendo en el soporte sanitario a los centros sociosanitarios de mayores, dada la vulnerabilidad de sus residentes, con personas formadas en geriatría en los puestos de decisión. La situación sanitaria vivida en el año 2020 debe permitir extraer lecturas de prevención de nuevas pandemias a la par que contribuir a diseñar el trato adecuado en los últimos años de vida.