Ricardo Pla: “El 10% de las personas que llegan a ‘puntos azules’ por la guerra de Ucrania tienen discapacidad”

¿Qué diferencia hay entre el concepto personas forzosamente desplazadas y personas refugiadas?  

Las personas refugiadas han tenido que abandonar su país en busca de protección. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo.   

El concepto de personas forzosamente desplazadas es más amplio y podría referirse también a personas desplazadas en busca de un entorno más seguro dentro de su propio país. En este caso se habla de personas desplazadas internas, para las que la huida se da dentro de su propio país.   

¿Cuáles son los riesgos de las personas con discapacidad en situaciones de desplazamiento forzado?  

Se encuentran con numerosas barreras para acceder a la asistencia humanitaria (información, agua, comida…) si esta no es accesible.   

Además, al estigma y la discriminación a la que hacen frente las personas forzosamente desplazadas, se suma el estigma y la discriminación por razones de discapacidad.   

¿Cuál es la realidad de una persona con discapacidad refugiada en los procesos de demanda de asilo?  

Las personas demandantes de asilo con discapacidad pueden tener menos posibilidades de acceder al proceso en igualdad de condiciones, si no se ponen soluciones para hacer frente a barreras como la inaccesibilidad en espacios físicos y/o comunicativos, con medidas como facilitar el acceso a lenguaje de señas, o formar al personal que lleva a cabo las entrevistas para identificar y apoyar a personas con discapacidad. También puede aumentar el riesgo de que el proceso tenga un resultado negativo en ellas, tanto en las posibilidades de alcanzar el estatuto de persona refugiada como en tener que revivir los efectos psicológicos negativos de rechazo y discriminación que estas personas ya han venido experimentando de manera continuada a lo largo de sus vidas.   

Según un estudio de ACNUR, la discapacidad es la forma más prevalente de discriminación en la realización del derecho a la nacionalidad, ¿por qué?  

Debido al uso de criterios de carácter discriminatorio que requieren que la persona a la que se le aplica la nacionalidad esté “en pleno uso de sus capacidades mentales”. Incluso hay países con legislación explícita que prohíbe la adquisición de una nacionalidad para las personas con discapacidad. Otros requerimientos relacionados con la comunicación, como el hacer un juramento o superar test lingüísticos también suponen barreras.  

¿Se ha avanzado en mecanismos para dar respuesta a las crisis humanitarias y a las personas con discapacidad que las afrontan?  

Ha habido un avance y un compromiso coordinado para desarrollar metodologías, formaciones y también para aumentar la coordinación y la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representantes en la respuesta humanitaria. El desarrollo de las Directivas Inter-agencia para la inclusión de las personas con discapacidad en la inclusión humanitaria, que son ahora promovidas por grupos de trabajo a nivel global, regional y nacional en muchos países, son un buen ejemplo.   

“Trabajar de forma “humanitaria” es una oportunidad para corregir sesgos relacionados con la discapacidad”  

Sin embargo, la capacitación sigue siendo necesaria y, con toda honestidad, creo que lo seguirá siendo de manera constante. Las personas que se ven afectadas por un conflicto o que intervienen en su respuesta, viven en culturas influidas por siglos de actitudes discriminatorias hacia la discapacidad. No es realista pensar que, por el hecho de empezar a trabajar de forma “humanitaria”, ya hemos resuelto esos sesgos. Más bien al contrario, es una oportunidad, y un deber, para aprender aún más rápidamente cómo corregir los sesgos que pueden dañar a personas en situaciones muy vulnerables.   

¿Hay metodologías para que la acción humanitaria llegue a este grupo social?  

Cada vez hay más grupos de trabajo dedicados a la inclusión de las personas con discapacidad en respuestas humanitarias. Esos esfuerzos han producido mejor información, coordinación y acceso a la respuesta.    

El problema está en extraer y consolidar el aprendizaje y las prácticas a nivel local. Hay que tener en cuenta que hay una gran inestabilidad de recursos humanos en estas situaciones, las personas que trabajan en la respuesta y pueden ser aliadas claves pueden ver como su contrato no se renueva, o ser trasladadas a otra respuesta humanitaria si tienen contratos internacionales, dejando lo avanzado pendiente de cómo sea de inclusiva la nueva persona encargada del proyecto.   

¿Es ahí donde entran en juego las organizaciones de personas con discapacidad?  

La localización de la ayuda puede ayudar a mejorar la consolidación de las buenas prácticas, y las organizaciones de personas con discapacidad tienen un valor añadido que aún está por descubrir en muchos países. También existe una necesidad de que estas organizaciones se interesen por la situación de las personas refugiadas o apátridas con discapacidad en su propio país y las incluyan en su trabajo y en sus entornos, algo que también está sucediendo.  

¿De qué forma se trabaja en la plena inclusión de las personas con discapacidad en las crisis humanitarias desde ACNUR?  

ACNUR adopta el enfoque consagrado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, tomando como base de su trabajo la Estrategia de la ONU para la Inclusión de la Discapacidad de 2019, que pretende promover un cambio positivo para las personas con discapacidad dentro del sistema de Naciones Unidas.   

De manera práctica se abarcan un conjunto de intervenciones que van desde las ayudas en metálico, dispositivos de asistencia y equipos médicos, rehabilitación, ayuda psicológica, acceso a sistemas de protección nacionales y a oportunidades para obtener medios de vida y desarrollo de capacidades. También se colabora con las organizaciones de personas con discapacidad en la incidencia, el acceso a la coordinación humanitaria o la capacitación.   

¿En qué países cree que la atención a las personas refugiadas y demandantes de asilo es más inclusiva con las personas con discapacidad?   

Las personas refugiadas con discapacidad se encuentran con muchos problemas para acceder a estos sistemas tan necesarios, desde no tener la documentación necesaria (que incluye desde un documento de identidad al certificado de discapacidad aplicable en cada Estado) a directamente ser excluidas (al ser estos sistemas sólo inclusivos para la ciudadanía del país de acogida). Hay algunos países en Europa y África que han comenzado a revisar sus leyes para facilitar el acceso a personas con discapacidad refugiadas, y esto es algo que ACNUR promueve y apoya. También hemos identificado prácticas prometedoras en la facilitación del acceso a los programas de protección social relacionadas con la discapacidad a personas refugiadas con discapacidad, algo que es innovador y muy necesario, pero es muy difícil dar una opinión sin hacer una revisión sistemática de dichas prácticas, algo que no se ha hecho hasta ahora.  

¿Cómo se puede fortalecer el pleno cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en estas situaciones?  

El acceso igualitario a sistemas de protección para personas con discapacidad sería uno de los puntos de llegada más efectivos, pero también es cierto que muchos países todavía no tienen un sistema para sus ciudadanos y acogen personas refugiadas. Las directivas inter-agencia que he mencionado antes incluyen con gran detalle una serie de recomendaciones para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en esos contextos. Los cambios necesarios ya han sido enunciados, lo que necesitamos es compromiso y colaboración para alcanzarlos.  

¿La Convención de Personas Refugiadas es un instrumento útil para las personas con discapacidad?  

Por supuesto, ofrece una protección absolutamente necesaria para las personas con discapacidad que han dejado su país y necesitan protección internacional. Sin embargo, en su aplicación aún existen lagunas. ACNUR ha comenzado una línea de trabajo con la Alianza Internacional de la Discapacidad para establecer un vínculo sistemático entre la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en línea con lo que ya había sido subrayado como una necesidad acuciante por parte de activistas y especialistas de investigación académica. Esto implicará también que los Estados revisen sus procesos de asilo para contemplar mejor la discapacidad, tanto en el proceso (para que sea más accesible) como en el contenido de la demanda. Esto tomará tiempo, pero no debemos cesar hasta que se consigan esos cambios.  

¿Cómo han trabajado con las personas con discapacidad provenientes de la guerra de Ucrania?  

En los países vecinos a Ucrania, ACNUR ha establecido los llamados “puntos azules”, que son espacios seguros que ofrecen un conjunto mínimo de servicios e información para las personas refugiadas en tránsito. Los servicios incluyen al asesoramiento legal, la atención psicosocial, la provisión de ayudas financieras de transición, espacios seguros de juego para la infancia o simplemente ofrecer un espacio de tranquilidad. Ha habido un esfuerzo consciente y guiado con herramientas técnicas para que los espacios elegidos sean, en la medida de lo posible, accesibles.   

Las personas con discapacidad son también priorizadas para el acceso a la asistencia financiera y se colabora con los Estados para que se puedan acceder a otras medidas que estos han puesto a disposición, en muchas ocasiones gracias a la colaboración de las organizaciones de personas con discapacidad, como es el caso del CERMI en España.   

¿Se conoce cuántas personas refugiadas de Ucrania tienen discapacidad?   

Desde ACNUR, se ha promovido el uso de las preguntas del Grupo de Washington para el registro de las personas que acceden a los servicios ofrecidos en los puntos azules y aproximadamente el 10% de las personas que acceden a estos servicios son personas con discapacidad. Sin embargo, no hay cifras consolidadas que se puedan compartir.  

La actualidad nos habla de Ucrania, pero esta realidad acontece en más países, ¿podría citar alguno de ellos?  

2022 ha marcado ya el récord de número de personas desplazadas mundialmente con 100 millones globalmente, lo que supone más de la mitad que el 2012. Más de dos tercios de esta cifra provienen de sólo cinco países, a los que ahora se ha unido Ucrania: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudan del Sur y Myanmar. Sin embargo, es muy difícil hacer una lista sin olvidar países y contextos olvidados en los que no haya personas refugiadas. Cuando me comentan que una organización no trabaja en contextos donde hay personas refugiadas tiendo a responder que no existe tal contexto, sólo contextos donde esas personas son invisibles.  

“Donde existe una colaboración anterior con organizaciones de personas con discapacidad la respuesta es más inmediata y efectiva”.  

Crisis humanitaria, sanitaria… ¿cuáles son algunas de las lecciones aprendidas que tendríamos que tener en cuenta para nuestro futuro más inmediato?   

En lo positivo, espero que hayamos aprendido que donde existía una colaboración anterior con organizaciones de personas con discapacidad la respuesta era más inmediata y efectiva. En lo negativo, espero que también hayamos aprendido que la discriminación se acentúa en situaciones de crisis, y que hacen falta mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas para mitigar estos riesgos y rendir cuentas ante las situaciones de abuso o negligencia.  

¿Cuán importante es la colaboración formal y participación efectiva de entidades que trabajan con personas refugiadas y aquellas otras que trabajan con y para las personas con discapacidad?  

La colaboración formal puede ayudar a localizar la ayuda humanitaria, asegurarla, porque es relevante, conectarla con los sistemas nacionales y posteriormente darle una continuidad, una vez que el grueso de la ayuda humanitaria se tiene que desplazar a otras crisis. Así, cuando haya una nueva emergencia se actuará antes y mejor, porque estas organizaciones estarán ya ahí y sabrán cómo responder si estaban previamente involucradas. Por ello es importante reconocer y apoyar su desarrollo. En algunas ocasiones, se abusa del mecanismo de la “consulta participativa” para involucrar a estas organizaciones, y extraer su conocimiento sin reconocer o apoyar sus demandas. Siempre recomiendo diferenciar entre consulta y consultoría. Si estamos involucrando a la organización en un proceso participativo, es una consulta; si lo que buscamos es un apoyo técnico en discapacidad, es equivalente a lo que haría una consultora, y hay que reconocerlo económicamente. Esto sólo puede pasar si existen acuerdos formales de cooperación.