Los derechos de las personas con discapacidad, la luz que no se apaga

El coronavirus y la enfermedad de la COVID-19 trastocaron el mundo y obligaron a actuar de forma precipitada ante la crisis sanitaria que iban a desembocar y, como ocurre con todas las crisis, las personas que se encuentran en una situación más vulnerable son aquellas que antes sufren sus efectos.

Entre esa población en situación de vulnerabilidad se encuentran las personas con discapacidad, quienes han visto cómo sus derechos han sido vulnerados durante la pandemia y cómo se ha visto dificultada aún más su inclusión en la sociedad.
 
Al partir de una situación de desventaja con respecto a la población sin discapacidad, en el momento en el que uno de tus derechos que tenías garantizado se ve vulnerado, la brecha entre ambas partes se acrecienta de tal manera que las personas con discapacidad encuentran imposible participar en la sociedad de la misma manera que el resto de la población y desarrollar la vida que quieren.

Una encuesta elaborada por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en la que participaron más de 800 personas con discapacidad física y orgánica, ha evidenciado que el 73% han visto retrasadas sus citas médicas, el 56% reconoce que su salud ha empeorado estos meses, el 40% ha visto interrumpidos sus tratamientos y el 37% siente que sus derechos han retrocedido durante la pandemia.

“Las personas con discapacidad no podemos ver retrasadas nuestras citas médicas, ni ver interrumpidos nuestros tratamientos, puesto que estos hechos pueden provocar un deterioro irreversible de nuestro estado de salud, que dificulte todavía más nuestra inclusión en la sociedad”, defiende el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien lamenta que “no se hayan tomado las medidas necesarias para que las personas con discapacidad tuviésemos y tengamos la atención sanitaria que nos merecemos por derecho”.

Queiruga critica que, durante los primeros meses de la pandemia, “las personas con discapacidad nos hemos visto abandonadas a nuestra suerte por las Administraciones Públicas”. “Esperamos que, gracias a la vacuna, la situación mejore lo más pronto posible y que hayamos aprendido para que en el futuro no se vuelva a repetir lo que vivimos en 2020”, incide.

La sociedad civil organizada y el Movimiento Asociativo de las personas con discapacidad han sido capaces de mitigar los efectos de la pandemia y de suplir las carencias de la Administración para que estas personas sigan recibiendo la atención que recibían hasta ese momento y sus derechos no se vean vulnerados.

No impacten nuestro futuro, nuestras oportunidades, ni nuestros derechos.

Guillermo López, una de las personas que contestaron a la encuesta, relata cómo “la calidad sanitaria ha empeorado considerablemente”, puesto que le ha resultado “imposible contactar con mi médico de cabecera y con mi reumatóloga, produciéndose un empeoramiento de mi enfermedad”.

Es el caso también de Ángeles Ramiro, quien comprende que “la situación es compleja”, pero afirma que “no se puede desatender de este modo a las personas”, ya que “están agravando muchísimo los problemas de salud y no hay derecho”. “He pasado por la COVID-19 y ocho meses después continúo con secuelas aparte de mis patologías y me encuentro bastante abandonada. Me anulan citas una y otra vez y para mí son vitales”, relata.

Los servicios públicos en España bien podrían ser un castillo de naipes, ya que unidos forman una gran estructura, pero si una de las bases falla, puede provocar que todo el sistema se resquebraje y se vea limitado el acceso a otro de los servicios que proporciona el Estado.
 
Más de 500 mujeres con discapacidad han participado en esta encuesta de COCEMFE, como Clara Castillo, quien denuncia que “la pandemia ha causado importantes retrasos en la valoración de la incapacidad permanente por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social” y hace hincapié en que “no se ha instaurado un sistema de videoconferencia para citas de seguimiento, evitando así acudir a un centro de salud o un hospital”.

Esta vulneración de derechos, por ejemplo, puede provocar riesgos realmente graves que afectan a su salud y a su bienestar, pero también consecuencias económicas devastadoras. Es el caso de Matías Fernández, quien comenta que “he tenido que recurrir a la medicina privada muy a mi pesar, porque en la Seguridad Social era imposible acudir al especialista”.

Asimismo, el empleo de las personas con discapacidad es otro de los derechos vulnerados a lo largo de esta pandemia. “He estado de baja prolongada por culpa de la COVID-19 y me ha costado el puesto de trabajo que tenía, con una antigüedad de 26 años y medio”, señala Julián Gomendio en la encuesta.
 
De la misma manera, Elisabeth Pérez considera que “si esta pandemia no hubiese sucedido, mi enfermedad pudiese haber sido diagnosticada antes y así no haber llegado a empeorar tanto” y añade que “si ya es difícil encontrar trabajo para personas como yo, más aún con mis limitaciones, que cada día son más y peores”.

Para denunciar esta vulneración de derechos que las personas con discapacidad están experimentando durante la pandemia, COCEMFE lanzó la campaña #QueNoNosApaguen que tiene como lema “si se apagan nuestros derechos, se apaga nuestro futuro”.

He tenido que recurrir a la medicina privada, porque era imposible acudir al especialista.

“La Administración tiene que ser consciente de que dejar atrás a las personas con discapacidad en estos momentos puede significar no poder volverlas a recuperar en un futuro”, enfatiza Queiruga, al tiempo que destaca que “aparte de ser una cuestión de derechos humanos, no nos podemos permitir el lujo de dejar de contar con la calidad que aportarían estas personas a la sociedad”.
 
Con motivo de la campaña, el pasado 22 de diciembre se realizó un apagón solidario en el que personas y organizaciones que apoyaban la reivindicación de COCEMFE publicaron un vídeo apagando las luces para que el futuro de las personas con discapacidad continúe encendido y lo compartieron con el hashtag #QueNoNosApaguen.

“La pandemia de la COVID-19 ha provocado un serio impacto en los derechos de las personas con discapacidad, estamos teniendo problemas para acceder a la atención social y sanitaria que tanto necesitamos y nos está provocando serios problemas”, afirmó en su vídeo el secretario de Finanzas de COCEMFE, Daniel-Aníbal García, quien pidió a las Administraciones Públicas que “no impacten nuestro futuro, nuestras oportunidades, nuestra libertad, ni nuestros derechos”.

A este llamamiento se sumó el Movimiento Asociativo de COCEMFE, formado por 91 entidades estatales, autonómicas y provinciales, que escenificaron su apoyo a través de las redes sociales para que la voz de las personas con discapacidad física y orgánica suene lo más alto posible y sea escuchada por quienes tienen capacidad de cambiar esta situación.
 
Entre las entidades que se sumaron a la campaña, por ejemplo, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), Carmen Gil, argumentó que “desde la aparición de la COVID-19 hemos notado el aumento de las necesidades de las personas con estas patologías” y en esta misma línea, el presidente de COCEMFE Navarra, Manuel Arellano, explicó que “se han suspendido o se han retrasado todas las rehabilitaciones, las consultas médicas, las operaciones, las cirugías, todo lo que tiene que ver con el entorno sociosanitario, algo que nos ha puesto en un riesgo muy alto”.

Los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser un interruptor que enciendes y apagues según te convenga, tiene que ser una luz que esté siempre encendida porque, de lo contrario, el futuro de las personas con discapacidad puede fundirse y esa luz no volverá a alumbrar nunca más.
 
Por eso, COCEMFE y su Movimiento Asociativo actúan como fareros y fareras que velan por que los derechos de las 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica no se apaguen jamás.