"Más que falta de voluntad sobre el baremo, lo que he observado es cierto miedo al cambio"

Teniendo en cuenta que llevamos 20 años para conseguir sacar adelante un nuevo baremo de discapacidad, ¿podría afirmarse que es difícil valorar la discapacidad?

Lo primero es tener claro qué es lo que se quiere evaluar, lo segundo, tener un baremo que te permita identificarlo y por supuesto graduarlo. Si se cumplen las premisas anteriores la tarea es relativamente sencilla. Pero no siempre es así. Dentro del concepto “discapacidad” nos podemos encontrar muchas cosas, que dependiendo del contexto en el que nos movamos: legal, administrativo, asistencial, técnico, personas usuarias, asociaciones, seguros… puede ser entendido y enfocado desde muchos puntos de vista e intereses, muy diferentes, y también denominado de forma muy variada. Muchas veces la dificultad estriba precisamente en esto.

¿Supuso un antes y después la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) para ayudar a clasificar y graduar la discapacidad?

Efectivamente, prácticamente toda la legislación del presente siglo relacionada con la protección y los derechos de las personas con discapacidad la ha tenido presente.  Hasta la fecha fijándose más en la adecuación terminológica, o en el cambio “genérico” de paradigma que se propone en relación a la conceptualización de la discapacidad del siglo pasado. Con el nuevo baremo, daremos un paso más en su implementación, y dispondremos de una herramienta estandarizada a nivel internacional, tanto para la identificación de los problemas como para su graduación.

¿En qué aspectos se ha avanzado con esta clasificación y cómo se ha aplicado en el nuevo baremo de discapacidad?

La evaluación de las personas con discapacidad ha ido evolucionando en estos últimos cincuenta años, desde los primeros baremos de los 80 en el que el legislador se limitó a “copiar” literalmente el baremo de “deficiencias” de la Asociación Médica Americana, al intento de evaluar más las limitaciones que las deficiencias, y que no quedó bien resuelto en el actual baremo del RD 1971/1999.

El nuevo baremo de discapacidad intenta recoger “todos” los componentes que propone la CIF (las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y su relación con el contexto en el que las realiza) en este sentido pretende ser un baremo “integral” en el cual hay cabida para realizar las evaluaciones desde un punto de vista pluridisciplinar y con diversos niveles de profundización.
 
Y con una novedad importante: por primera vez se contemplan directrices éticas para la evaluación en relación a temas como el respeto y privacidad/confidencialidad; uso clínico de la CIF o uso social de la información de la misma y se le da voz a la persona para que opine sobre sus dificultades.

Por el contrario, ¿qué inconvenientes podría decirse que aún tiene?

Si puede considerarse un inconveniente, el nuevo baremo requerirá de un mayor esfuerzo de adaptación tanto de los profesionales como de la administración.

¿Es viable establecer un único procedimiento para reconocer los procesos de valoración de discapacidad y de dependencia?

En teoría el esquema propuesto por la CIF para la clasificación y el estudio del funcionamiento y la discapacidad de las personas con una condición de salud, debería de ser compatible con cualquier tipo de evaluación, desde las de las secuelas por accidentes o incapacidades laborales a, por supuesto, la evaluación de la discapacidad y la dependencia. Se trataría simplemente de realizar las adaptaciones concretas para cada caso. Por lo que no solo, bajo mi punto vista, debería ser viable, sino necesario. Se simplificarían las cosas en trámites, tiempos y económicamente.

¿Cómo puede evitarse la subjetividad del personal que realiza el proceso de valoración?

Un cierto nivel de subjetividad va a ser inevitable, como existe en toda normativa. No obstante, como he mencionado en la primera pregunta, sería importante un baremo que te permita identificar y graduar los problemas de forma clara, y también ayudaría a evitar esa subjetividad un programa informático, que exigiera al evaluador cumplir con una serie de criterios y requisitos mínimos necesarios.

¿Dónde reside la complejidad para que hasta el día de hoy todavía no se haya puesto en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad?

Como toda novedad, uno de los problemas suele ser la reticencia al cambio, por parte de los profesionales y las instituciones implicadas. No hay que olvidarse tampoco, de que estamos hablando de un colectivo de profesionales que comenzó mayormente su andadura hacia finales de los ochenta y en esta década se han ido jubilando. Y por parte de la administración la evaluación de la discapacidad está en general poco valorada y falta de inversión, encontrándonos frecuentemente con que su único problema son la gestión de las listas de espera. El nuevo baremo podría servir de estímulo ayudar a aumentar el interés y el prestigio de todos ellos.

¿Falta voluntad política?

Yo más que falta de voluntad lo que sií he observado es cierto miedo al cambio.

"Con el nuevo baremo por primera vez se contemplan directrices éticas para la evaluación"

¿Qué factores consideraría imprescindibles para que la implantación del nuevo baremo se realice exitosamente?

Después de más de una década de trabajo pluridisciplinar en numerosas comisiones coordinadas por el IMSERSO y participación activa de las asociaciones; pilotajes de pruebas; validación del mismo por el Instituto Carlos III; desarrollo de un programa informático… poco más queda por hacer que tramitarlo a nivel de gobierno y, por supuesto, que se destinen las partidas económicas necesarias para su implementación.

¿Qué habría que variar, por tanto, comparativamente a la situación actual?

Por de pronto actualizar el proceso de informatización y codificación que en muchos aspectos es muy elemental y caduco.