Realidades de la mujer con discapacidad en América Latina

Si bien es cierto que, durante los últimos años, el avance del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad ha sido importante, la brecha entre hombres y mujeres se ha ampliado.

Las mujeres con discapacidad son discriminadas en el ámbito familiar y en el educativo, con niveles de analfabetismo muy elevados. Las posibilidades de acceso al empleo también se restringen, de hecho en la resolución “Implementación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Protocolo Facultativo: situación de las mujeres y niñas con discapacidad”, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2017, se expresa preocupación por “la baja tasa de participación en la fuerza de trabajo de las mujeres con discapacidad, que son objeto de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y se enfrentan a obstáculos estructurales, físicos, comunicacionales y actitudinales que dificultan su acceso al lugar de trabajo y su participación en él en igualdad de condiciones con los demás”.

Tampoco el sistema sanitario responde a sus necesidades y la protección social que reciben no exime, a la mayoría, de la pobreza. Todas estas circunstancias impiden el desarrollo de formas de vida regulares y normalizadas.

Teóricamente, los derechos de mujeres y niñas con discapacidad están protegidos en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en la práctica, las mujeres y niñas con discapacidad encuentran barreras tanto en el reconocimiento de sus derechos como en el ejercicio de los mismos.

“Si a ser mujer con discapacidad, que de por sí se percibe por la sociedad de forma estereotipada y estigmatizante, suponiendo una clara desventaja para la realización de los proyectos vitales de las mujeres, se le añaden otros factores como: residir en zonas rurales, ser niña o anciana, ser inmigrante, encontrarse en situación de desempleo o vivir algún tipo de violencia de género, se está dando una discriminación múltiple aunque única, por la confluencia de factores”, destaca la técnica de proyectos de Cooperación para el Desarrollo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Ivana De Stefani. 

Según el estudio Diagnóstico Participativo sobre Violencia de Género en Mujeres con Discapacidad de República Dominicana realizado por el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), en alianza con la organización española Asociación para la Mediación Social, que se desarrolló en Santo Domingo y contó con la participación de 198 personas, en términos de violencia física o sexual, las mujeres con discapacidad perciben a su círculo cercano como potenciales agresores. Un 14 por ciento de las mujeres encuestadas afirmó haber sido agredida físicamente en algún momento de su vida, y un 20 por ciento aseguraba que alguien alguna vez le había retirado la ayuda que requería para sus cuidados básicos, como puede ser asearse, comer o desplazarse.

COCEMFE desarrolla dos proyectos en Perú para erradicar la violencia de género

En cuanto al estudio realizado en las localidades peruanas de Ayacucho y Arequipa por la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú y COCEMFE, “La violencia de género hacia las mujeres con discapacidad”, se extrae que la violencia contra las mujeres con discapacidad no se trata, ni menciona. Aunque las mujeres con discapacidad son objeto fácil de violencia física, psicológica o material dada su situación de invisibilidad, existe un gran desconocimiento de las familias de estas. Esto tiene como consecuencia que las mujeres con discapacidad carezcan de un soporte emocional oportuno en su entorno familiar. Situación que no facilita que tengan la ayuda necesaria, no solo para hacer frente a su discapacidad, sino también a la prevención de la violencia que las afecta en sus diversas manifestaciones. 

Asimismo, “el estudio hace notar el desconocimiento existente de los servicios destinados a atender casos de violencia y violencia de género (denuncias, tratamiento a las víctimas, acompañamiento…), así como lo inadecuado de la atención y comunicación referida a la condición específica de las mujeres con discapacidad (infraestructura y comunicación no accesible) y el maltrato del que son objeto frente a la denuncia, ya que en muchas ocasiones se enfrentan a la no creencia del maltrato o la burla”, destaca De Stefani. 

Con el fin de trabajar en la atención y prevención de esta violencia, COCEMFE ha desarrollado desde 2017 a 2019 el proyecto ‘Impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en Perú’, financiado por la AECID y la Fundación ONCE  y desarrolla desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2020 el proyecto ‘Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación’, financiado por el Ayuntamiento de Madrid y Fundación ONCE.

“En el proyecto ‘Impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en Perú’ se combinaron actividades de formación, que han involucrado a 695 personas; de sensibilización, que alcanzaron a más de 1000 personas; asesoría, con acciones que han orientado a más de mil personas entre organismos públicos y entidades de personas con discapacidad, e investigación social, aplicando una estrategia integral de actuación”, explica Ivana De Stefani. 

Con el nuevo proyecto ‘Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación’ se realizará una campaña de sensibilización contra estereotipos sexistas y asistencialistas hacia las mujeres con discapacidad; se promocionará el doble enfoque de género y discapacidad en las políticas públicas locales y nacionales de atención a las mujeres con discapacidad con talleres de capacitación básica en violencia de género, enfoque de género y discapacidad entre otras actividades y se promocionará igualmente su participación en la sociedad como agentes promotoras del cambio hacia el desarrollo sostenible inclusivo y la igualdad entre los géneros. 

Derechos sexuales y reproductivos

Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos que garantizan la libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva; lo que implica el derecho de toda persona a decidir con quién, cuándo y cómo tiene o no relaciones sexuales o descendencia.

Por otra parte, los derechos reproductivos incluyen el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los nacimientos entre hijos/as, así como a disponer de la información, la educación y los medios para ello; el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, y el derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción y violencia.

Hoy en día siguen existiendo prácticas y legislaciones en numerosos países del mundo que impiden el disfrute de este derecho por parte de muchas mujeres con discapacidad, incluida la Unión Europea. La situación se recrudece todavía más cuando hablamos del derecho de las mujeres con discapacidad a ser madres y decidir. 

Todavía existen prácticas como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo

Además, el acceso a los servicios de reproducción y de planificación familiar por las mujeres con discapacidad no está, hasta el momento, especialmente considerado en las políticas públicas y todavía se encuentren razones para justificar prácticas como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo.

Con el fin de trabajar por la erradicación de esta situación COCEMFE desarrolla también el proyecto “Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad” en República Dominicana, financiado por la Comunidad de Madrid y Fundación ONCE. El proyecto que comenzó este año y finalizará en marzo del año que viene, se desarrolla en tres municipios del país, Santo Domingo, Azua y San Pedro de Macorís y alcanzará a un total de 400 mujeres con discapacidad y sus familias y al menos a 50 profesionales sanitarios. 

“Este proyecto parte de las recomendaciones y conclusiones del ‘Diagnóstico participativo sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad de República Dominicana’. A través del mismo se detectó una grave vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad y se instaba a realizar esfuerzos para poder paliar dicha vulneración, por un lado trabajando con las organizaciones de la sociedad civil y las propias mujeres con discapacidad y sus familias y por otro lado con el sector público y privado y medios de comunicación”, explica la técnica de proyectos de Cooperación para el Desarrollo de COCEMFE, Carmen Ruiz, compañera de Ivana De Stefani.

En República Dominicana se trabaja por mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva

Con el objetivo general de contribuir a que las mujeres con discapacidad puedan ejercer su derecho a la salud en República Dominicana se definió el objetivo específico de mejorar la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Para ello se trabajan dos ejes: el empoderamiento de las entidades de personas con discapacidad, sus socios, socias y familias sobre esos derechos y se facilita que se desarrollen programas de atención a la salud sexual y reproductiva dirigidos a las mujeres con discapacidad por parte del gobierno dominicano y el sector privado.

Según explica Carmen Ruiz, “todo esto se concreta en la realización de talleres de formación con los líderes (hombres y mujeres) con discapacidad de las entidades, talleres de formación con mujeres con discapacidad, talleres de sensibilización con sus familias, o la actualización de datos sobre derechos reproductivos y sexuales”.  Además, “se realizan reuniones de coordinación continua con el Ministerio de Salud de República Dominicana para ejecutar el proyecto, así como una acción mediática dirigida a estudiantes del sector salud de la universidad pública, mejora de la accesibilidad física, de manera piloto, en tres centros de salud, desayunos de trabajo con profesionales del sector salud, distribución de material de sensibilización y un encuentro nacional sobre la temática”.

Proyectos que demuestran la implicación en la lucha por acabar con las desigualdades que todavía en pleno siglo XXI siguen presentes entre hombres y mujeres con discapacidad; trabajo para llevarlos a cabo y que sumen en estos objetivos y esfuerzo porque las mujeres con discapacidad disfruten y ejerzan sus derechos, con todas las garantías, en todas las partes del mundo.