Economía social, apuesta de futuro

Como un oasis en medio del desierto. Así se presenta la economía social en un mundo en el que, si pronunciamos la palabra economía, las referencias que nos vienen a la mente suele ser competencia, maximización de beneficios, globalización, deslocalización,mercado de valores, desempleo... sin embargo, la economía social ubica en el centro de sus actividades y sus preocupaciones a las personas, por encima del capital.

No es una utopía, es una realidad y una realidad rentable. Los datos así lo avalan. La Confederación Española de la Economía Social (CEPES) está representada por 43.000 empresas, genera 2,3 millones de empleos, lo que se traduce en casi el 12% del empleo y supone una facturación del 10% del PIB español.

“Es un modelo de empresa diferente que además de priorizar a las personas, apuesta por la reducción de las desigualdades, es resiliente, especialmente en los momentos de crisis y al tiempo generador de empleo estable y de calidad. Generador de cohesión social y territorial”, destaca Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES.

Un modelo que está regulado por la Ley 5/2011 de Economía Social, una ley con la que España fue pionera en la Unión Europea y que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos. Este modelo está presente en todos los sectores económicos y con empresas de todos los tamaños y con un gran compromiso en la sostenibilidad, en la solidaridad, en la igualdad, en la corrección de las desigualdades sociales y territoriales y en la generación de un empleo estable, de calidad e inclusivo. “Es una economía que no quiere dejar a nadie atrás”, incide Pedreño.

Las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades de previsión social, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cofradías de pescadores y las asociaciones del sector de la discapacidad, son ejemplos de esta forma de hacer economía.

La Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de COCEMFE (AECEMCO) lleva impulsando desde hace 20 años la economía social. “Nuestro trabajo es el resultado del emprendimiento colectivo de las personas con discapacidad o sus entidades representativas, para tener un empleo y mejorar sus posibilidades de independencia y participación ciudadana”, destaca el presidente de la entidad, Ignacio Rodríguez.

Actualmente la Economía Social Española es un referente internacional porque tanto por parte del sector como de los diferentes Gobiernos se ha estado trabajando para visibilizar y reconocer públicamente el papel que juega este modelo empresarial en el escenario socio económico español.

Recientemente se celebró la reunión de Alto Nivel sobre la Economía Social y Solidaria en la Unión Europea ‘La Economía Social para una recuperación inclusiva, sostenible y justa’. Una reunión que lideró el Gobierno de España a través de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y en la que participaron 18 Gobiernos de la Unión Europea que suscribieron la Declaración de Toledo, que marca una hoja de ruta ambiciosa para situar a la Economía Social en centro de las políticas de recuperación de España y Europa.

“Tenemos un Ministerio que tiene el apellido de ‘Economía Social’ y esto supone una apuesta clara del Gobierno por visibilizar y reconocer que otras formas de hacer economía son posibles”, destaca Juan Antonio Pedreño.

“España es el noveno país en el mundo con mayor número de empleados en la Economía Social, con un total de 2,2 millones en 43.000 entidades. Además, existe una apuesta europea por este tipo de economía más solidaria y comprometida, de la que España no es ajena”, añade también el presidente de AECEMCO, Ignacio Rodríguez.

El comisario de Empleo de la Comisión Europea, Nicholas Schmit, en la reunión de Toledo constató el papel preponderante de España para visibilizar el papel de la Economía Social, para que no solo esté en la agenda europea y en la agenda internacional, si no para que sea uno de los motores para una recuperación justa.

El comisario recordó el compromiso de la Comisión Europea con la promoción de la Economía Social, que se ha plasmado en la petición de la presidenta de la institución Ursula von der Leyen de elaborar un “plan de acción” para impulsar la Economía Social para conseguir “un futuro sostenible”.

“Estamos en un momento ilusionante. Creo sinceramente, que no se puede construir el futuro sin contar con las empresas de Economía Social”, afirma tajante el presidente de CEPES.

Más que nunca en un ambiente marcado inevitablemente por la crisis sociosanitaria de la COVID-19 . Durante la pandemia, las empresas de Economía Social se han visto afectadas como el resto de las empresas por esta situación. Han sido momentos complicados y aún hoy lo siguen siendo.

“Los Centros Especiales de Empleo no dejan de ser empresas y la respuesta a la situación ha sido muy diversa en atención a la actividad que desenvuelven. Al margen de los sobrecostes por las medidas de prevención contra la COVID, muchos de los centros han adaptado parte de sus actividades a la nueva realidad”, explica el presidente de AECEMCO.

“Vamos a tardar cierto tiempo en volver a una situación de crecimiento neto como ocurría antes de la pandemia. Hemos tenido que hacer uso de los Ertes y Ceses de Actividad pero es cierto que a día de hoy, el 80% de las personas trabajadoras ya han recuperado el empleo al 100%, es decir a jornada completa”, afirma Pedreño.

Y por su parte Ignacio Rodríguez, apostilla que “siendo realistas, estamos entrando en un periodo de crisis económica sin precedentes, nuevas formas de mercado, nuevas formas de relaciones laborales, la digitalización, la robótica, etc.”.

Existe una apuesta europea por este tipo de economía más solidaria y comprometida.

Pese a estas circunstancias la economía social ha sabido navegar por aguas procelosas e incluso ha convertido la adversidad en oportunidad. “La respuesta de las empresas de Economía Social ha estado a la altura de una situación excepcional que exigía de nuestro compromiso, aportando soluciones y reinventándose desde los valores de solidaridad que nos distinguen. El lado más solidario de ellas se ha visto reforzado”, explica Pedreño.

Sin embargo, en un entorno cambiante e inestable se torna más necesario que nunca el refuerzo de este modelo económico. El Plan de Formación Profesional para la Economía Social y los Autónomos, aprobado por el Gobierno en octubre y dotado de 3.4 millones de euros, tiene por objetivo anticiparse a las necesidades formativas de las personas trabajadoras de la Economía Social y establecer las bases de una transformación global, protagonizada por la modernización, la digitalización, impulsada a su vez por los avances en la inteligencia artificial y la robótica.

Para el presidente de CEPES, una medida necesaria para incentivar la economía social es su participación activa en la construcción de todas las políticas públicas y ello implica ser parte del Diálogo Social. “Es necesario que este Diálogo se abra a otros actores socio económicos que generan riqueza y empleo en un país.”, afirma.

La Economía Social no puede, como ocurrió en el Plan Junker, quedarse fuera de los fondos de recuperación.

Igualmente, añade que “debemos garantizar inversiones a la altura de la importancia socioeconómica y del carácter altamente innovador de la Economía Social. La Economía Social no puede, como ocurrió en el Plan Junker, quedarse fuera de los fondos de recuperación”.

Por su parte Ignacio Rodríguez apunta a que hay que darla a conocer, “primar sus valores ya que lleva mucho tiempo desarrollándose, pero mucha gente no sabe que está presente”, afirma y añade que es necesario también “promocionarla como una forma de generación de riqueza, que lleva acompañada generación de empleo, de calidad y estable y, en su mayoría, respetuosa con su entorno”.
 
Desde luego un modelo económico que por sus características intrínsecas aporta un valor a la sociedad más valioso que nunca en los tiempos que corren y es que según los datos obtenidos en el estudio sobre el “Impacto socio económico de la Economía Social”, elaborado por CEPES, si no existiera la Economía Social, o si las empresas de Economía Social perdieran sus valores y principios, y se comportaran como el resto de las empresas, más de 172.483 personas de colectivos de difícil empleabilidad perderían un empleo, cerca de 125.000 personas trabajadoras perderían anualmente su relación laboral estable y  se perderían 54.236 empleos en la España rural o más de 1.600 trabajadores\as habitualmente infrarrepresentados en los puestos más altos de las empresas dejarían de ocupar estos puestos (cerca de 1.100 mujeres y 600 personas con discapacidad).