"La tecnología es un gran dique de contención de la desigualdad"

Al poco de empezar a trabajar en esta Secretaría comenzó la pandemia, ¿cómo afectó eso a tu trabajo? 

Afectó a un nivel muy alto. Tomé posesión de mi cargo en febrero y en marzo se declaró el Estado de Alarma. Tuvimos que construir toda una Secretaría de Estado nueva en pleno confinamiento, teletrabajando y cuando en solo unas semanas se habían multiplicado los trámites electrónicos en un 500%. Tuvimos que cambiar la cultura de la gestión pública de la noche a la mañana. Pero, al mismo tiempo, se hizo evidente la necesidad del cambio radical que necesitaba nuestro país. Fuimos conscientes de que la transformación digital no respondía a un contexto ni de una crisis sanitaria traumática, sino que es la base de una estrategia nacional ambiciosa y con perspectiva de futuro. 

¿Qué balance haces de estos tres años? 

Hace tres años que pusimos en marcha desde esta Secretaría de Estado una idea de país con un objetivo claro: abordar la reconstrucción económica y social de España con la transformación digital como un eje vertebrador de todas las reformas e inversiones que estábamos poniendo en marcha. Para ello, contamos con una hoja de ruta clara y definida, que es la que ha identificado y priorizado las oportunidades y necesidades de nuestro país para una recuperación inteligente, prospectiva y sostenible: la Agenda España Digital 2026.  

“Somos una referencia en materia de servicios públicos digitales y el segundo país más ciberseguro de la UE” 

Tres años después de la puesta en marcha de esta Agenda, los logros son muchos y muy significativos. Somos un país radicalmente distinto al que éramos en 2020 en términos de digitalización.  España es hoy el país más digitalizado de entre las grandes economías de la UE, según el último Índice DESI, en el que ocupamos la 7ª posición, varios puestos por encima que hace unos años. Ya somos una referencia en materia de servicios públicos digitales, el tercer país de este ranking en materia de conectividad, diez puntos por encima de la media UE, el segundo país más ciberseguro de la UE y lideramos el desarrollo de una IA ética a nivel global. 

¿Crees que las tecnologías de digitalización y de inteligencia artificial son accesibles para personas con discapacidad?  

Hay que tener en cuenta que la democratización de tecnologías como la inteligencia artificial es un fenómeno muy reciente. Nuestra labor es regular ‘ex ante’ para que, en este proceso de transformación radical que ya hemos iniciado, la ciudadanía al completo esté siempre en el centro. Los beneficios y los costes se deben repartir de forma justa, y para ello hay que prestar una atención manifiesta a las brechas sociales. 

¿En qué estado se encuentra la digitalización de las ONG y qué nuevas oportunidades nos puede ofrecer? 

No disponemos de los datos concretos de las organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, según Eurostat, en 2022 el 68% de las empresas tenían al menos un nivel básico de intensidad digital. También el último informe de nuestro Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) sobre las tecnologías digitales en la empresa arroja que existe un avance generalizado en el uso del ‘big data’, el ‘cloud computing’ y la inteligencia artificial. Mantengo la creencia de que la tecnología es un gran dique de contención de la desigualdad, y por eso no me cabe duda de que las ONG, con más razón, están trabajando intensamente para reducir la brecha digital. 

¿Qué medidas se están adoptando o se podrían tomar para garantizar la accesibilidad? 

Estamos trabajando en la creación de diversos corpus, que son un conjunto de datos textuales que se utilizan para entrenar y evaluar modelos de procesamiento de lenguaje natural. Estos corpus ayudarán a mejorar y hacer más fácil el día a día de las personas con discapacidad. 

Entre las diversas iniciativas, destaca la creación de corpus de accesibilidad, tanto corpus para subtítulos como corpus multimodales (por ejemplo, de lengua de signos para entrenar un posible avatar que traduzca a dicha lengua de signos, o subtitulado con pictogramas que simplifique la comprensión) para personas con déficits auditivos. 

Además, se pretende abordar la creación de modelos ‘speech-to-text’ y ‘text-to-speech’, los cuales permitan a las personas con dificultades para la escritura poder dar instrucciones y realizar tareas con la voz, y a las personas ciegas poder escuchar textos escritos. 

En este sentido, también es destacable tanto la creación de corpus de simplificación textual que ayuden a personas con déficits cognitivos a comprender textos complejos que utilicen, por citar algún ejemplo, terminología legal, clínica o administrativa, como la creación de corpus de pregunta-respuesta que permitan interactuar de forma sencilla para buscar información o solucionar algún tipo de problema. 

¿Cómo piensa el Gobierno solucionar el problema de la brecha digital en las personas con discapacidad y otros colectivos como personas mayores o sin recursos? 

En relación con los temas que comentaba justo antes, se quiere crear un corpus de escucha activa el cual sirva de base, por ejemplo, para sistemas que puedan ser utilizados por personas mayores, personas en riesgo de exclusión y personas con conductas suicidas, así como un corpus de detección en la voz de enfermedades físicas y mentales (como depresión, ansiedad, alzhéimer, etc.). 

Por otro lado, se está invirtiendo un enorme esfuerzo en promover las competencias digitales a todos los niveles de la sociedad, con especial atención a las personas mayores o en riesgo de exclusión. Con un presupuesto de 3.750 millones de euros hemos puesto en marcha el Plan Nacional de Competencias Digitales, con programas como Generación D, que potencia la formación y la recapacitación de la ciudadanía.  

En las zonas rurales, vemos acentuada esta brecha con unas infraestructura y servicios que son muy caros y de bastante peor calidad. ¿Cómo se pueden llevar estos procesos de digitalización a entornos rurales? 

Las nuevas tecnologías nos ayudarán a reducir las brechas digitales y mejorará la vertebración territorial de nuestro país. Además, esta digitalización del mundo rural debe ir necesariamente acompañada de un intenso esfuerzo para fomentar las habilidades digitales de la ciudadanía e impulsar la capacitación de empresarios y trabajadores del sector. 

Para llevar a cabo todo este proceso estamos actuando en tres frentes: infraestructuras, empresas y personas. En cuanto infraestructuras, el reto para 2025 es garantizar la conectividad al 100% de la población promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, así como contribuir a la transformación de los sectores productivos.  

Las empresas son un eje fundamental, por ello, en noviembre se abrieron 58 oficinas Acelera Pyme con el objetivo de impulsar la adopción de tecnologías por parte de pymes, autónomos y emprendedores en municipios de menos de 20.000 habitantes.  

Por último, para lograr la capacitación digital de la ciudadanía y luchar contra la brecha digital de género, se han transferido 140 millones de euros a las comunidades autónomas destinados a la ejecución de acciones de formación, así como 130 millones para impulsar las capacidades digitales de las personas desempleadas en el ámbito rural, priorizando la formación a mujeres.  

Teniendo en cuenta que en la actualidad internet es una necesidad para toda la ciudadanía y que muchos procedimientos se realizan solo por esta vía, ¿cómo se puede facilitar que las personas en situación de mayor vulnerabilidad que no tienen recursos para pagar internet no tengan tantas dificultades para acceder a ayudas para la digitalización?   

El foco de este Gobierno siempre está puesto en los colectivos más vulnerables, y por ello, desde nuestra Secretaría de Estado hermana, la de Telecomunicaciones (SETELECO), se ha puesto en marcha el proyecto UNICO Demanda Rural. 

Este programa contribuirá a extender al 100% de la población la banda ancha ultrarrápida (al menos, 100 Mbps) actuando en dos niveles: El mayorista para facilitar plataformas de red en zonas despobladas y el minorista, para garantizar tarifas asequibles a hogares y ciudadanos que están en zonas en las que no llega la conectividad fija de más de 100 Mbps.  

¿Qué medidas se están tomando para fomentar la formación y el empleo de personas con discapacidad en el sector de la digitalización y la inteligencia artificial en España?  

El Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2022 la Estrategia Española Sobre Discapacidad 2022-2030, y uno de sus objetivos es garantizar el acceso equivalente de las personas con discapacidad a los servicios de telecomunicaciones y la inversión en innovación en tecnología adaptada y accesible, el desarrollo tecnológico y la digitalización en los ámbitos que afectan a la discapacidad.  

En este sentido, creemos que la tecnología es clave para la transformación y el progreso social sin precedentes que estamos viviendo y debe ser una herramienta al servicio de la ciudadanía, reduciendo desigualdades e incrementando el bienestar y la cohesión social. 

¿Trabajáis de forma colaborativa con otros Ministerios y otras Secretarías para conocer las necesidades de las personas con discapacidad? 

La coordinación entre secretarías de Estado es absoluta y el seguimiento se realiza a través de una reunión semanal. El objetivo es trazar una estrategia conjunta y alineada sobre temas especialmente sensibles como el caso de la reducción de las brechas digitales y la inclusión en la estrategia de digitalización.  

¿Qué riesgos existen para la privacidad de las personas con discapacidad en cuanto a la recogida de sus datos? 

Según los principales índices internacionales, España es una verdadera potencia en materia de ciberseguridad a nivel global. Somos el cuarto país más ciberseguro del mundo y el segundo de Europa. Una posición que es clave, en primer lugar, para apuntalar y consolidar el proceso de transformación digital en el que estamos inmersos y que permea a todas las capas y colectivos de la sociedad. 

Además, Europa ha defendido siempre, y ahora más que nunca, que los datos no son una mercancía de las empresas ni una herramienta a disposición de los gobiernos. Los datos solo pueden ser propiedad de las personas que los generan y que deben tener el derecho de disponer de ellos y de su propiedad como un derecho fundamental. 

“Necesitamos que haya cada vez más representación de la sociedad que forme parte del diseño y desarrollo de la IA” 

¿Puede la inteligencia artificial perpetuar discriminaciones y estereotipos de las personas con discapacidad? 

Los datos son la materia prima con la que trabaja la IA, por eso es fundamental que el desarrollo de estas tecnologías en auge cuente con una perspectiva inclusiva e integradora. El objetivo es que la IA potencie nuestros mejores valores y este es un cambio de rumbo urgente que pasa por la sensibilización. Por eso necesitamos que haya cada vez más representación de la sociedad que formen parte de su diseño y desarrollo.  

En ese sentido, España ha tomado la delantera en varias iniciativas que parten de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, como la primera Agencia Española de Supervisión de la IA o el ‘sandbox’ de IA, que se pondrá en marcha este junio con empresas españolas para adelantarnos al futuro reglamento europeo de IA (la AI Act).  

¿Qué te parece el boom que están teniendo algunas aplicaciones o desarrollos de inteligencia artificial en los últimos meses? 

Hace tres años, cuando incorporé “inteligencia artificial” al nombre de nuestra Secretaría de Estado, muchos se extrañaron. Sin embargo, el año pasado fue elegida palabra del año por la RAE y es un término repetido continuamente en medios de comunicación, estrategias y políticas. Es una gran noticia que asumamos que estas tecnologías forman parte de nuestro día a día, porque solo así incorporaremos cuanto antes sus ventajas y oportunidades.  

Hay que dejar de verlas como algo futurista y lejano, entendida solo por desarrolladores y científicos, e inaccesible al conjunto de la sociedad. Porque estamos trabajando muy duro para que no lo sea y la sociedad está respondiendo a la altura de las circunstancias. 

Aunque todavía quede tiempo para que sea una realidad, ¿qué beneficios e inconvenientes puede tener el metaverso para las personas con discapacidad? 

Se plantea que el metaverso cubra actividades desde el ocio y el comercio electrónico, hasta el ámbito educativo, sanitario y laboral. Entre los casos de uso que más beneficios destacan el sector educativo, tanto con aplicaciones de educación a distancia, como mediante el uso de simuladores VR para el entrenamiento; y el sector sanitario, con aplicaciones de teleasistencia, sistemas de apoyo en cirugía o diagnóstico. 

España se encuentra entre los países más sensibilizados y preparados para acoger la llegada de nuevas tecnologías inmersivas como el metaverso, por encima de la media europea. Somos de los que más confiamos en que estas nuevas realidades van a representan en los próximos años una mejora para las condiciones de vida de nuestras sociedades. 

¿Cuáles son los principales planes de la Secretaría de cara al futuro? 

La prioridad a corto plazo es afrontar la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, que se inicia el próximo julio, donde la digitalización va a ostentar el peso principal. España va a ser especialmente protagonista en materia de regulación de IA, pues se espera que cerremos dos expedientes regulatorios esenciales: la IA Act y la Cyber Resilience Act (Ley de Resiliencia Cibernética). 

España, por tanto, tiene la oportunidad de liderar con su visión humanista todos estos procedimientos y debates. Una oportunidad única para la que llevamos años preparados y que ha sido reconocida y alabada a nivel internacional. 

¿Qué papel ha desempeñado el movimiento asociativo de personas con discapacidad en el diseño de vuestras políticas? 

La interlocución con los actores sociales y el tercer sector es una constante en nuestra forma de trabajar. De hecho, el futuro Plan de Colectivos Vulnerables ante la Inteligencia Artificial, analizarán los posibles riesgos que puedan surgir en los próximos años con la intención de definir posibles medidas preventivas, se hará de la mano de las asociaciones civiles.